Mundo
Buenos Aires, Argentina
EFE
Adorni también anunció que los contratos públicos dados de alta en el 2023 que finalicen el 31 de diciembre no serán renovados en el 2024, mientras que el resto entrará en un proceso de revisión de noventa días.
En una conferencia de prensa en la Casa Rosada, el portavoz precisó que esta medida afectará a todos los empleados transitorios de la Administración federal y a los de diversos entes públicos de Argentina, y que solo estarán excluidos los trabajadores de las empresas y las sociedades estatales.
Investigación
Respecto a los planes sociales, el Ejecutivo argentino iniciará la auditoría de más de un millón de planes sociales y prevé, amparándose en los cálculos de las investigaciones judiciales, que 160,000 beneficiarios podrían estar recibiendo estas ayudas de manera “irregular”.
De acuerdo con el portavoz, estos planes tendrían un valor total de 10,000 millones de pesos argentinos (12.45 millones de dólares).
“Los argentinos no deben hacerse cargo de este dinero”, enfatizó Adorni.
El objetivo del Gobierno argentino es “transparentar el sistema, que cobren los que lo necesiten y que [los planes sociales] dejen de funcionar como un negocio para los intermediarios y los titulares de las organizaciones sociales”.
Precisamente, una parte de estas organizaciones sociales y sindicales se manifestó el miércoles pasado en Buenos Aires, coincidiendo con el 22° aniversario de la protestas de diciembre del 2001, que en el ámbito económico desembocaron en el conocido como ‘corralito’ bancario, y en lo político provocaron al dimisión del presidente radical Fernando de la Rúa (1999-2001).
Nueva manifestación
En las movilizaciones de la semana pasada no participó la Confederación General del Trabajo (CGT), la poderosa y mayoritaria federación de sindicatos argentinos, de orientación peronista.
Se espera que los dirigentes y simpatizantes cegetistas se movilicen hoy en Buenos Aires en protesta por el decreto de necesidad y urgencia firmado la semana pasada por el presidente Javier Milei, pendiente de ser aprobado por las cámaras argentinas y que supone la práctica desregulación de toda la economía del país.
La ministra Patricia Bullrich ha manifestado que impondrá “mano dura” a los que originen disturbios en las calles de la capital.