Editorial
Por tal motivo, resulta de suma importancia la decisión del Gobierno, encabezado por la presidenta Dina Boluarte, de abordar esta situación con toda la energía posible en el marco de la Constitución, la ley y garantizando el respeto a los derechos humanos.
Solo con esa voluntad política es que pueden lograrse avances que contribuyan a mejorar los índices de seguridad ciudadana en nuestro país. Al respecto, la Jefa del Estado dio cuenta de que en el transcurso del 2023 la Policía Nacional del Perú ejecutó en todo el país más de un millón de operativos y capturó a 66,000 personas requisitoriadas por la justicia.
La estadística muestra el compromiso del Gobierno por combatir la lacra de la delincuencia. No ha habido inmovilismo ni descuido. Por el contrario, se han efectuado esfuerzos importantes por obtener resultados positivos en la lucha contra la delincuencia común y la organizada.
Ciertamente, los resultados serán más auspiciosos en la medida en que este esfuerzo no sea aislado del Poder Ejecutivo, sino que cuente con el respaldo y el acompañamiento de todos los sectores vinculados con la lucha contra la criminalidad.
Al respecto, es lamentable que algunos de los delincuentes apresados por la Policía Nacional, muchos de ellos considerados de alta peligrosidad, hayan sido liberados en los últimos días por extrañas decisiones judiciales. La reciente excarcelación de un grupo de individuos extranjeros vinculados con la organización delictiva el Tren de Aragua es representativo de semejante error, especialmente cuando uno de los beneficiados estuvo, días después, a punto de arrebatarle la vida a dos policías durante un operativo.
Por ello, como corresponde, la Presidenta de la República invocó a las autoridades judiciales que no liberen a los delincuentes capturados por la Policía porque ello echa por tierra todo el sacrificio efectuado con el ánimo de brindar a los peruanos un clima propicio para su desarrollo libre de delincuencia, generando, además, desánimo, desconfianza y rechazo de la ciudadanía respecto a la actuación de las instituciones del país.
Faltan pocos días para el advenimiento del nuevo año y, pese a la descoordinación mencionada, estamos seguros de que el Gobierno continuará bregando el 2024 por ganar la lucha contra la criminalidad por medio de una estrategia integral y un trabajo articulado entre todos los poderes del Estado y las principales instituciones nacionales.
La seguridad de los peruanos exige esa coordinación sin ningún tipo de celo o mezquindad.