Editorial
“Las acciones de violencia ocurridas durante las manifestaciones de principios de año no deben repetirse. El Perú tiene que salir adelante en un clima de estabilidad, de tranquilidad y en democracia [...]”.
Sin embargo, cuando las protestas derivan en violencia, cuando afectan la propiedad pública y privada, y generan la toma de instituciones, comisarías y aeropuertos, así como bloqueos de carreteras e interrupción del abastecimiento de productos, claramente traspasan los límites de la ley y la Constitución.
El Estado no puede permitir que se haga abuso de este derecho; por ello, el Ejecutivo publicó el lunes pasado el Decreto Legislativo N° 1586, que endurece las penas para los manifestantes que bloquean carreteras, obstaculicen los servicios públicos o tomen infraestructuras como puertos y aeropuertos.
El decreto, emitido como parte de las facultades legislativas otorgadas por el Congreso, establece que se sancionará con una pena no menor de 10 ni mayor de 15 años de prisión a quienes afectan las vías terrestres, marítimas y fluviales, así como la infraestructura portuaria, de energía, de hidrocarburos, ferroviaria, de navegación, de agua, salud pública y migratoria, entre otras.
Asimismo, se sancionará con pena no menor de 8 ni mayor de 10 años de prisión el daño grave sobre recursos, infraestructura y sistemas esenciales para desarrollar y mantener las capacidades vinculadas con los servicios públicos.
También se reprimirá con 6 años de cárcel al que de manera voluntaria colabora con el delito de disturbios, ya sea proveyendo bienes muebles o inmuebles, objetos o instrumentos, o aportando recursos económicos o financieros para facilitar las actividades de los agentes del delito.
De este modo, el Ejecutivo hace uso de las facultades legislativas que le otorgó el Congreso para hacer modificaciones a las penas y cumplir con su deber de resguardar el orden público y la seguridad interna, con el propósito, sobre todo, de proteger los derechos y las libertades de quienes deseen movilizarse, pero también de los millones de compatriotas que quieren trabajar, estudiar, trasladarse de un lugar a otro, abastecerse de alimentos y poder vivir sus vidas con libertad y en paz.
Ahora corresponde a las autoridades competentes abrir las investigaciones del caso y aplicar este nuevo marco legal a fin de sancionar los actos que exceden claramente los límites del ejercicio del derecho a la protesta.
Las acciones de violencia ocurridas durante las manifestaciones de principios de año no deben repetirse. El Perú tiene que salir adelante en un clima de estabilidad, de tranquilidad y en democracia, promoviendo más que nunca el diálogo y la concertación, pues solo así podremos generar más y mejores oportunidades para todos los peruanos.