Editorial
Uno de los derechos esenciales de la niñez es acceder a una educación de calidad, que atienda la parte pedagógica y el aprendizaje, pero también lo humano y la formación integral. Una educación para la paz sustentada en valores como el respeto a la democracia, la tolerancia, la libertad, la diversidad cultural.
Ello es más necesario aun en un país como el nuestro, donde en los últimos años hemos visto casos de apología al terrorismo, así como intentos de adoctrinamiento en las aulas con el velado propósito de sembrar en nuestros niños y adolescentes una ideología que solo ha causado muerte y dolor.
Respondiendo a esa exigencia, el Consejo de Ministros aprobó recientemente una iniciativa legislativa que modifica la Ley de Reforma Magisterial para evitar la apología a la violencia y el proselitismo político en las instituciones educativas, y con ello garantizar la neutralidad en el desempeño de la función docente.
El objetivo del proyecto, aprobado en el marco del Día de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, es contribuir a que los maestros se concentren en el desarrollo de las competencias, capacidades y habilidades de los estudiantes.
De acuerdo con la propuesta, se sancionará, previo proceso administrativo, a los docentes que hagan propaganda a favor o en contra de cualquier partido, agrupación o movimiento político durante el ejercicio de sus funciones pedagógicas, en su jornada de trabajo.
Asimismo, se sancionará con cese temporal a los profesores que enaltezcan discursos o declaraciones a favor de acciones delictivas o violentas, de forma que se justifique su uso en determinadas situaciones.
En caso de que el docente obligue o induzca a los estudiantes a realizar acciones de proselitismo político o apología a la violencia, la falta será considerada como “muy grave” y la sanción será la destitución.
Con la aprobación de esta iniciativa, el Gobierno da un paso en favor de la construcción de una cultura de paz que tanto necesitamos en el país, planteando sanciones ejemplares para quienes, mediante el aprovechamiento indebido de una función magisterial que es de la más alta importancia, propician ideologías de violencia, afectando el sistema democrático y el ejercicio de una función pública que debe ser imparcial.
Es imprescindible que hagamos todos, docentes, autoridades, padres y madres de familia, un esfuerzo conjunto para tener una educación que promueva el respeto a la vida y la erradicación de la violencia, una educación que fomente la convivencia y la solidaridad y que mire el futuro con optimismo.