Editorial
“Hay que reconocer que una importante cantidad de ciudadanos extranjeros ha presentado a tiempo sus solicitudes de regularización, pues, como consecuencia inmediata de esta medida, el Gobierno aplicará las leyes migratorias”.
Primero, otorgó facilidades a los extranjeros incursos en alguna infracción migratoria para que puedan regularizar su situación por medio de una amnistía de multas, cuyo plazo se venció el 28 de octubre pasado.
Luego, permitió que los extranjeros en condición migratoria irregular se acojan al permiso temporal de permanencia en el Perú. Al cumplirse el 10 de noviembre la fecha límite para efectuar el trámite, la Superintendencia Nacional de Migraciones informó que registró un total de 214,633 solicitudes.
Hay que reconocer que una importante cantidad de ciudadanos extranjeros ha presentado a tiempo sus solicitudes de regularización, pues, como consecuencia inmediata de esta medida, el Gobierno aplicará las leyes migratorias.
Por ello acaba de promulgar el Decreto Legislativo N° 1582, que establece la implementación del Procedimiento Administrativo Sancionador Especial Excepcional (PASEE), que permitirá la expulsión efectiva y expeditiva de las personas que se encuentren irregularmente en el país.
La medida está dirigida a los extranjeros que ingresaron en el territorio peruano sin hacer control migratorio o que realicen actividades que pongan en riesgo o atenten contra el orden público, el orden interno, la seguridad nacional o la seguridad ciudadana.
En ese sentido, la Policía Nacional está facultada para intervenir y averiguar la identidad de aquellas personas que no tengan ninguna acreditación en el sistema migratorio.
Por su parte, la Superintendencia de Migraciones está autorizada para iniciar un procedimiento excepcional, que puede ser virtual o presencial y que no podrá exceder las 24 horas desde la retención de la persona. En caso de comprobarse la infracción, emitirá la resolución de sanción que ordena la expulsión inmediata.
Entre otros aspectos, el decreto también faculta a Migraciones a sancionar a las empresas de transporte interprovincial que trasladen a personas extranjeras irregulares, así como a fiscalizar los servicios de hospedaje, que están obligados a facilitar las acciones de verificación correspondientes.
Las disposiciones emitidas por el Perú, en ejercicio de sus competencias soberanas, permiten ordenar el flujo migratorio y mejorar la gestión administrativa de la población extranjera que se encuentra en nuestro país.
Ello es beneficioso para los propios migrantes, pues al estar en condición regular pueden acceder a una serie de beneficios laborales, educativos o sanitarios. Al mismo tiempo, el Estado cuenta con mejores herramientas para identificar y combatir una serie de riesgos, como la trata, el tráfico de personas o diferentes tipos de violencia que pueden darse durante los movimientos migratorios irregulares.