Opinión
Jefe de Gabinete de Asesores del MINEM
Resulta inaudito e irónico que un país como el Perú, con inmensos recursos y reservas petroleras y gasíferas, no tenga una industria petroquímica capaz de explotar y aprovechar al máximo la enorme riqueza gasífera que año tras año se extrae y produce, sin transformarla ni darle el mayor valor agregado que genera empleo, divisas y desarrollo.
Mayor ironía si se cuenta, desde hace más de tres décadas, con universidades públicas dedicadas a estudiar e investigar las ventajas de la industria petroquímica en un mundo que se mueve en la línea de la transformación industrial, mientras nosotros continuamos en la primera fase de la cadena de valor, como productores de materias primas.
Este extraño y curioso renunciamiento a la legítima aspiración del país a la industrialización petroquímica del gas que producimos nos ha conducido a abandonar la línea que sigue el mundo como el de obtener, por ejemplo, productos transformados y derivados del gas natural a partir de su procesamiento industrial.
La producción de urea, fertilizante de imprescindible utilización agrícola, es uno de los objetivos de la industria petroquímica del Perú destinado a mejorar la producción y productividad del sector agrario y, con ello, contribuir a garantizar la seguridad alimentaria de nuestra nación. Por eso la enorme importancia de contar con una industria petroquímica en el país, además de un sinnúmero de productos transformados de alta demanda internacional.
La historia de la producción mundial de fertilizantes registra la concentración de dos o tres países de Europa del Este que se movilizan alrededor de intereses distintos al Perú.
Lo hemos padecido con mayor énfasis durante las dos últimas campañas agrícolas (2021-2022 y 2022-2023), no solo por elevado precio, que llegó a 908 dólares por tonelada métrica (t) –casi tres veces el precio regular–, sino también por la absoluta imposibilidad de acceder a este mercado, no obstante contar con recursos y gestionar la adquisición como Estado, condenando a dos millones de agricultores peruanos a cultivar sin fertilizar o acudir al mercado negro, que condujeron, en ambos casos, a la quiebra, tanto por el bajo rendimiento de sus cosechas como por la imposibilidad de competir, dado los altos costos de sus cultivos.
Lo que ocurrió, en la práctica, es un abuso de la posición dominante que ejercen los grandes productores de fertilizantes en el mercado internacional en medio de conflictos bélicos, a los que se sumaron los estragos de una pandemia que costó vidas y encareció costos de fletes traducidos en los precios de los fertilizantes, arrasando con la agricultura nacional por falta de fertilización de sus tierras, situación de la que aún no hemos logrado recuperarnos.
Este es el escenario dramático del país ante el cual la presidenta Dina Boluarte ha tomado la firme decisión de apostar por una planta petroquímica para el Perú y convocó, para tal propósito, a la inversión privada nacional y extranjera que ha respondido con presteza y prontitud, en clara demostración de optimismo y confianza en nuestro país. El compromiso ha sido tal que inclusive se han presentado propuestas concretas con calendarización de la construcción, implementación y funcionamiento, evidenciándose que este emblemático proyecto industrial se podría iniciar lo más pronto posible.
Lamentablemente, el Poder Legislativo no sintonizó con esta enorme posibilidad y le denegó al Gobierno facultades legislativas para agilizar los procedimientos administrativos que permitan el desarrollo de esta importante inversión.
La planta petroquímica del Perú, cuya inversión en su construcción oscila entre 1,500 millones y 2,000 millones de dólares, se propone aprovechar el gas natural multiplicando su valor al ser transformado en productos con alta demanda nacional y mundial. Estos son los casos de los fertilizantes nitrogenados como la urea o el nitrato de amonio, con la capacidad suficiente para garantizar las necesidades nacionales, incluyendo la exportación a países vecinos.
Estas actividades conllevarán a la generación de empleos, desde 1.5 puestos de trabajo por cada 1,000 t transformados en la petroquímica básica e intermedia hasta 55 empleos por cada 1,000 t en la petroquímica de alta transformación, a los que se suma el impacto socioeconómico de la cadena colateral de comercio y los múltiples servicios que requiere este polo de desarrollo industrial.
Además, la planta está garantizada, en primer lugar, por la zona estratégica que representa el puerto de Marcona. En segundo, el insumo existente que es el gas natural de Camisea, a ser suministrado desde la planta de licuefacción de La Melchorita, que solo requiere de un ducto auxiliar; y por último, por la demanda nacional de fertilizantes nitrogenados y de nitrato de amonio, al que se añade la de países vecinos como Chile, Ecuador, Colombia y la propia Bolivia (cuya planta está cerrada), los que sumados requieren de 2 millones a 2.5 millones de t de fertilizantes.
Solo en el caso de la urea de uso agrícola, el sulfato de amonio y el nitrato de amonio, la demanda registrada en las dos últimas campañas agrícolas fue de 900,000 t, cuyo valor de importación osciló en 300 millones de dólares.
El Perú podría haber atendido con prontitud esta demanda y, a la vez, ahorrado ingentes divisas para el Estado si hubiéramos contado con una planta petroquímica. Lo importante de esta dura lección es que existe una propuesta concreta anunciada por el Gobierno y una respuesta inmediata de la inversión privada. ¿Qué nos falta?