Derecho
Abogado experto en contratación pública. Catedrático de Posgrado de la UPC. Árbitro CCL-PUCP-CIP-Amcham
Precisa que contra el laudo solo se puede interponer recurso de anulación de acuerdo con lo establecido en la Ley de Arbitraje. El inciso 1 del artículo 59 de la Ley de Arbitraje, promulgada mediante Decreto Legislativo N° 1071, dice lo mismo, que todo laudo es definitivo, inapelable y de obligatorio cumplimiento desde su notificación a las partes.
El inciso 2 acota que produce efecto de cosa juzgada y el inciso 3 advierte que si la parte obligada no cumple con lo ordenado por el laudo, en la forma y en los plazos establecidos, o en su defecto, dentro de los 15 días de haberlo recibido, la parte interesada podrá pedir la ejecución del laudo a la autoridad judicial correspondiente, sin perjuicio de su derecho de pedirlo al propio tribunal arbitral si hay acuerdo entre las partes o si ello está previsto en el reglamento arbitral aplicable, tal como lo dispone el inciso 1 del artículo 67.
[Lea también: Defensoría del Pueblo presenta proyecto de ley para fortalecer su labor]El inciso 1 del artículo 62 de la misma Ley de Arbitraje preceptúa que contra el laudo, en adición a las solicitudes de rectificación, interpretación, integración y exclusión materia del artículo 58, solo podrá interponerse un recurso de anulación que constituye la única vía para impugnarlo y cuyo objeto solo puede ser la revisión de su validez por las causales taxativamente establecidas en el artículo 63.
El inciso 2 señala categóricamente que el recurso se resuelve declarando la validez o la nulidad del laudo; está prohibido, bajo responsabilidad, que la corte superior de justicia ante la que se presenta, de conformidad con el artículo 64, pueda pronunciarse sobre el fondo de la controversia o sobre el contenido de la decisión, así como calificar los criterios, motivaciones o interpretaciones expuestas por el tribunal arbitral.
De acuerdo con el numeral 45.22 de la LCE, concordado con el numeral 239.1 de su Reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF, la interposición del recurso de anulación del laudo por el contratista requiere de la presentación de una fianza bancaria solidaria, incondicionada y de realización automática en favor de la entidad, con una vigencia no menor de seis meses renovables hasta que concluya el trámite, por el 25% del valor de la suma que ordene pagar el laudo.
El numeral 239.2 del mismo Reglamento precisa que si el laudo, en todo o en parte, es puramente declarativo o no se puede valorizar en dinero, o si requiere de una liquidación o algún procedimiento que no sea únicamente una operación matemática, la fianza se extenderá por el 3 % del monto del contrato original.
El numeral 45.23 de la LCE agrega que las entidades solo pueden iniciar la acción judicial de anulación de laudo previa autorización indelegable de su titular, mediante resolución debidamente motivada, bajo responsabilidad y previo análisis del costo en tiempo y recursos y de la expectativa de éxito que pudiera generar, destacando que constituye responsabilidad funcional impulsar la anulación del laudo cuando el análisis costo-beneficio determina que la posición de la entidad razonablemente no puede ser acogida y que los procuradores públicos que no interpongan estas acciones no incurren en responsabilidad.
El numeral 239.3 del Reglamento de la LCE repite lo que dice el inciso 2 del artículo 62 de la Ley de Arbitraje en el sentido de que el recurso se resuelve declarando la validez o la nulidad del laudo; está prohibido pronunciarse sobre el fondo de la controversia o sobre el contenido de la decisión, así como calificar los criterios, motivaciones o interpretaciones expuestas por el árbitro único o por el tribunal arbitral. El numeral 239.4 añade que si el recurso de anulación es desestimado, la carta fianza se entrega a la entidad para que la ejecute. En caso contrario, se le devuelve al contratista, bajo responsabilidad.
El inciso 1 del artículo 66 de la Ley de Arbitraje, empero, recalca que la interposición del recurso de anulación no suspende la obligación de cumplimiento del laudo ni su ejecución arbitral o judicial, salvo cuando la parte que impugna lo solicite y cumpla con el requisito de la garantía acordada por las partes o establecida en el reglamento arbitral aplicable. Al examinar la admisión de recurso, la corte superior verificará el cumplimiento de este requisito y, de ser el caso, concederá la suspensión.
[Lea también: Nuevo TUPA de Migraciones simplifica procedimientos de regularización para personas extranjeras]¿Qué pasa si no se ha acordado este requisito de una garantía para suspender el cumplimiento del laudo o no está establecido en el reglamento arbitral aplicable? El inciso 2 aclara que en esa hipótesis a pedido de parte, la corte superior concederá la suspensión si se constituye fianza bancaria solidaria, incondicionada y de realización automática en favor de la otra parte con una vigencia no menor a seis meses renovables por todo el tiempo que dure el trámite del recurso y por una cantidad equivalente al valor de la condena contenida en el laudo. Esto es, equivalente al 100 % del valor de la suma que este haya ordenado pagar. Cuatro veces más que lo que le exige al contratista la LCE como requisito para interponer el recurso, le exige la Ley de Arbitraje a quien en adición a ello quiera suspender la ejecución del laudo.
El inciso 3 del mismo artículo 66 indica que si la condena, en todo o parte, es puramente declarativa o no se puede valorizar en dinero, o si requiere de una liquidación o algún procedimiento que no sea únicamente una operación matemática, el tribunal arbitral podrá señalar un monto razonable en el laudo para la constitución de la fianza bancaria en las mismas condiciones referidas en el inciso 2, como requisito para suspender la ejecución, salvo acuerdo distinto de las partes.
La parte impugnante, según el inciso 4, podrá solicitar la determinación del monto de la fianza bancaria a la corte superior que conoce del recurso cuando el tribunal arbitral no lo hubiera hecho. También podrá solicitar su graduación cuando no estuviese de acuerdo con la determinación efectuada. En tal eventualidad, la corte superior luego de correr traslado a la otra parte por tres días fijará el monto definitivo en decisión inimpugnable.
El inciso 6 sentencia que si el recurso es desestimado, la corte superior, bajo responsabilidad, entregará la fianza bancaria a la parte vencedora del recurso. En caso contrario, igualmente bajo responsabilidad, la devolverá a la parte que lo interpuso.
Nótese que ni la LCE ni su reglamento se ocupan de la suspensión del cumplimiento del laudo. Es más, expresamente la LCE reconoce que contra el laudo solo se puede interponer un recurso de anulación de acuerdo con lo establecido en la Ley de Arbitraje. Y la Ley de Arbitraje establece que el recurso de anulación no suspende el cumplimiento del laudo. Por lo tanto, si una parte interpone un recurso de anulación, con los requisitos que la LCE y su reglamento establecen, este se debe admitir, pero ello no acarrea la suspensión de la ejecución. Si esta misma parte desea suspender el cumplimiento del laudo, debe solicitarlo y acompañar a su pedido la fianza a que se refiere el artículo 66 de la Ley de Arbitraje.
Se trata de una exigencia que tiende a ignorarse y a escamotearse en la creencia de que los requisitos que las normas especiales contemplan exoneran a las partes que impugnan de esta obligación. Y no es así. La parte contra la que se interpone el recurso está en todo su derecho de reclamarle a quien lo presenta el cumplimiento del laudo, bajo la misma responsabilidad que se atribuye a los otros casos.
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La Superintendencia Nacional de los Registros Públicos decidió también este año dar un nuevo salto hacia lo que la tecnología permite.
— Diario El Peruano (@DiarioElPeruano) October 16, 2023
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