Por otra parte, la Comisión de Defensa aprobó de manera unánime el dictamen del proyecto de resolución legislativa 6018/2023-PE, que autoriza el ingreso de unidades navales y personal militar extranjero con armas de guerra al territorio peruano.
El personal, con las unidades militares, participará en el ejercicio multinacional Silent Force Exercise (Siforex XIII-2023), que se realizará del 20 al 27 de octubre en el área de operaciones del Callao, para lo cual ingresarán al Perú el 15 de octubre, y saldrán el 1° de noviembre.
Las unidades son un destructor USS Momsen (DDG-92), dos helicópteros Sikorsky MH-60R Seahawk embarcados en la citada unidad de superficie, una unidad submarina USS Hampton (SSN-767), dos aeronaves Boeing P-8A Poseidón y personal militar de la Marina de los Estados Unidos de América.
Asimismo, se autoriza al Ejecutivo a que modifique, cuando existan causas imprevistas, la fecha de inicio de ejecución de la actividad operacional, siempre que esta modificación no exceda el tiempo de permanencia establecido en la presente resolución.
Acciones ante la CIDH
Por otro lado, ante la Comisión se presentó el exministro de Justicia y Derechos Humanos Eduardo Vega Luna para tratar sobre las acciones desplegadas ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por la demanda interpuesta por la defensa de Víctor Polay Campos.
El exfuncionario manifestó que, de acuerdo con la Constitución Política, en su artículo 47°, la defensa de los intereses del Estado está a cargo de los procuradores públicos conforme a ley.
La ley que crea la Procuraduría General del Estado señala en su artículo 49-1 que “La defensa jurídica del Estado en sede supranacional se ejerce por el/a procurador/a público especializado supranacional”. Por tanto, dijo, no le corresponde al ministro de Justicia realizar la defensa técnica de este caso, o de otros casos ante instancias internacionales.
