Editorial
De acuerdo con la Procuraduría General, su aplicación ha posibilitado hasta marzo del presente año 616 sentencias judiciales fundadas, las cuales permitieron al Estado recuperar más de 60 millones de dólares en patrimonio ilícito.
Con la legislación actual, para conseguir la administración de los bienes cuestionados no es necesaria una sentencia judicial condenatoria contra las personas acusadas de haberlos comprado con dinero ilícito, pues los procesos de extinción de dominio pueden correr de forma paralela o independiente al sumario penal. Así, por ejemplo, está en curso una demanda para que las propiedades del expresidente Alejandro Toledo –acusado de adquirirlas con los sobornos que recibió de la empresa Odebrecht y cuyo juicio aún ni siquiera comienza– pasen a manos del Estado.
No obstante, la Comisión de Justicia del Congreso de la República aprobó en abril del presente año un proyecto que modifica este sistema y que, a grandes rasgos, encadena los procesos de extinción de dominio a una sentencia judicial condenatoria. En otras palabras, en tanto no se sentencie al procesado, sus bienes adquiridos de forma ilícita no podrán revertir a favor del Estado.
Según la procuraduría especializada en extinción de dominio, la eventual aprobación de esta propuesta legislativa implicaría un retroceso en la lucha contra la corrupción y el crimen organizado, puesto que impediría golpear financieramente a las organizaciones criminales. Además, indica, más de 4,000 procesos de extinción de dominio serían afectados, incluyendo el correspondiente a los bienes del expresidente Toledo.
Tal riesgo ha sido advertido no solo por esta dependencia. La Procuraduría General del Estado y el Poder Judicial coincidieron en exhortar al Congreso de la República a no aprobar el proyecto de ley por las consecuencias negativas que tendría para la lucha contra la ilegalidad en el país.
Por lo expuesto, consideramos primordial reiterar la exhortación formulada al Parlamento por los entes especializados a fin de que tome en cuenta en un análisis más detallado las secuelas de la propuesta en cuestión. Es preciso no restarle al Estado las armas legales más efectivas a su disposición para luchar contra la corrupción y el crimen organizado, dos de los principales flagelos que corroen las bases de la sociedad.
El proyecto de ley se encuentra listo para ser discutido en el pleno. No obstante, creemos que los legisladores deberían tener a bien, al menos, decretar su retorno a la comisión dictaminadora correspondiente para someterlo a un estudio más profundo, con la finalidad de evitar que se perjudique gravemente al Perú.