Editorial
Los legisladores que promovieron dicho procedimiento aducen que la JNJ actúa con fines políticos y utilizan como fundamento para tal afirmación el pronunciamiento institucional de los magistrados contra el juicio político y antejuicio al que fue sometida la ex fiscal de la nación Zoraida Ávalos, así como una supuesta intromisión ante la Corte Suprema de Justicia para que dicha instancia se pronuncie contra la decisión de inhabilitarla de la función pública.
En su defensa, la presidenta de la JNJ, Imelda Tumialán, sostiene que no hay ningún indicio de haber incurrido en las faltas atribuidas por el Parlamento. Por el contrario, sostiene que tras la intención de desaforarlos se esconden una intencionalidad política y motivaciones no tan transparentes.
La JNJ es una institución clave en nuestro ordenamiento democrático. Fue creada mediante una reforma constitucional aprobada, además, por la mayoría de los peruanos consultados mediante un referéndum, tras el escándalo de corrupción que envolvió al desaparecido Consejo Nacional de la Magistratura. También, es necesario recalcar que entre sus importantes funciones se encuentran el nombramiento de los jueces y fiscales, investigar y sancionar a aquellos involucrados en irregularidades y actos de corrupción, así como elegir a los titulares de los organismos que conforman el sistema electoral.
En tal contexto, vale tener en consideración que, de acuerdo con el artículo 157 de la Constitución Política, los miembros de la JNJ pueden ser removidos por el pleno del Congreso solo en caso se compruebe una causa grave y con el voto conforme de los dos tercios del número legal de miembros del Legislativo.
Por consiguiente, en este delicado tema y dada la decisión tomada por el Parlamento, consideramos absolutamente necesario que la investigación se lleve a cabo garantizando el derecho a la defensa de los integrantes de la JNJ, así como el cumplimiento de todas las normas relativas al debido proceso. Es preciso que sea así, pues de lo contrario se sembrarán mayores dudas sobre las motivaciones de los sectores que promueven esta acción.
Es necesario recalcar, además, que todos los actos y disposiciones de los poderes públicos deben apuntar al fortalecimiento institucional del país, pues ello tendrá un correlato directo en el bienestar del ciudadano de a pie, que en la actualidad quiere que el Perú logre reactivar su economía, se genere empleo de calidad para todos y que estemos preparados para enfrentar con éxito la eventual llegada del Fenómeno El Niño global.