Política
La resolución de medidas provisionales a favor de Salas, quien ha denunciado amenazas desde las elecciones presidenciales del 2021, fue emitida el 4 de setiembre, pero compartida el lunes en las redes sociales de la Corte IDH.
En el documento, la entidad supranacional resolvió “requerir al Estado que adopte de forma inmediata todas las medidas que sean necesarias para proteger eficazmente la vida y la integridad personal” de Jorge Salas Arenas y otros cuatro integrantes de su familia. Además, la Corte requirió al Estado que mantenga los esquemas de seguridad y protección con que cuenta y que los refuerce en los términos que acuerde con los beneficiarios y sus representantes.
También pidió al Estado peruano que continúe con la investigación de los actos de hostigamiento y amenazas a fin de mitigar los riesgos a la vida e integridad personal del presidente del JNE y sus familiares.
Asimismo, solicitó coordinar con los beneficiarios la planificación de las medidas de protección con un plazo no mayor a los tres meses e informar a la Corte IDH sobre las medidas de protección adoptadas a más tardar el 29 de setiembre.
Hostilidades
El origen de la hostilidad hacia el titular del organismo electoral se remonta al 2021, cuando el entonces candidato presidencial y hoy exmandatario Pedro Castillo derrotó a la aspirante Keiko Fujimori por un estrecho margen.
Ello produjo una oleada de críticas contra el sistema electoral, al que acusaban de haber cometido un fraude en los comicios, sin pruebas. A raíz de las amenazas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó en julio pasado medidas cautelares de protección a favor de Salas Arenas y su núcleo familiar.
“En esa primera ola de ataques se decía ‘vamos a secuestrarlo’, ‘hay que bombardear su casa […] para que no haga la proclamación de quién resultara ganador’”, denunció Salas Arenas
El presidente del JNE señaló que ha comenzado en los últimos meses una tercera ola de ataques, ello luego de que el Tribunal Constitucional (TC) emitió una demanda que abre la puerta a que el Congreso inicie investigaciones en contra de los miembros del organismo electoral.