“Hay más de 50 pueblos indígenas en el país y más de la mitad de su población está constituida por mujeres, adolescentes y niñas que sufren sobre todo el drama de la discriminación por las instituciones y de sus conciudadanos”, refirió.
En ese sentido, la magistrada recalcó que la discriminación es un delito cuya sanción se impone a la persona que discrimine por cualquier motivo a algún ser humano.
Explicó Álvarez Olazábal que los denunciados o denunciadas, de comprobarse el ilícito, pueden recibir sanción penal mediante el sistema de justicia y de tipo administrativa a través de la autoridad del Indecopi, que ve las conductas a nivel privado.
La jueza señaló que, de acuerdo a la gravedad de la conducta de discriminación, la sanción puede llegar a entre dos y tres años de pena de privativa de libertad como a la prestación de jornadas comunitarias.
Asimismo, si son funcionarios que incurren en este tipo de discriminaciones, la pena es de dos años a cuatro años de pena privativa de libertad con la inhabilitación correspondiente para el ejercicio de la función pública, precisó Álvarez Olazábal.
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