Opinión
Director de Políticas Públicas para Hispanoamérica en Intel
El sector público no es ajeno a esta realidad. La masificación reciente de plataformas, soluciones y aplicativos gratuitos de IA generativa producen una mayor presión sobre los gobiernos para la adopción rápida y responsable de la IA, ya que el potencial de esta representa una gran oportunidad para agilizar los servicio para ciudadanos y reducir el gasto público con una gestión más eficiente. De igual forma, refuerza la urgente necesidad de priorizar al máximo la formación en habilidades para el uso de la IA tanto en los funcionarios como en los ciudadanos, así como programas de reentrenamiento para mantener una fuerza laboral competitiva.
Recientemente, el Congreso de la República promulgó la Ley N° 31814, una legislación que busca impulsar la utilización de la IA, con el fin de fomentar y asegurar su aplicación de manera ética, sostenible, transparente y responsable en el contexto de la transformación digital a nivel nacional, estableciendo principios para el desarrollo y utilización de la IA que redefinirá la manera en que se diseñan y aplican políticas en los servicios gubernamentales. Si bien este hito impactará positivamente la labor del Gobierno, su implementación y regulación deben abordarse con cautela y sabiduría.
La opacidad en el funcionamiento de la IA puede llevar a la desconfianza y el rechazo, por lo que los gobiernos deben asegurarse de que las explicaciones sobre los resultados de los algoritmos sean comprensibles y accesibles, y asumir la responsabilidad de cualquier impacto adverso causado por sistemas de IA defectuosos o sesgados. Establecer mecanismos de rendición de cuentas y supervisión constante es esencial para evitar consecuencias no deseadas en el uso de esta tecnología.
Por otra parte, dada la naturaleza global de la IA, es crucial que los gobiernos colaboren y desarrollen estándares internacionales comunes. La fragmentación de regulaciones podría obstaculizar la innovación y dificultar la adopción de tecnologías que trascienden las fronteras.
Al establecer normas globales, se fomenta una competencia saludable y se garantiza que todos los actores se rijan por principios éticos compartidos. La colaboración también es fundamental para compartir buenas prácticas y lecciones aprendidas. Los gobiernos pueden aprender unos de otros, acelerando la adopción responsable de la IA y evitando errores costosos.
La regulación es un desafío complejo, pero necesario. La gobernanza del uso de la IA debe partir de mecanismos de consulta de múltiples partes interesadas y debe ser inclusiva, como el manual para el uso de la IA en gobiernos elaborado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) e Intel, cuyas recomendaciones sirven de base para la estructuración de iniciativas legislativas de este tipo.
Tanto para el Perú como para el resto de los países en la región, la transparencia, la rendición de cuentas y la cooperación internacional son elementos clave en esta regulación. De esta manera podemos aprovechar los beneficios de la IA mientras mitigamos sus riesgos, construyendo un futuro en el que la tecnología sea una fuerza positiva para la sociedad.
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