Es necesario recalcar que por los graves delitos que cometió y por el terrible daño que le causó al país, Polay debe permanecer en prisión hasta cumplir el último día de su condena.
El recurso, se informó, alega que los derechos de Polay fueron conculcados durante el juicio al que fue sometido por sus actividades ilícitas y que derivó en la condena de 35 años de cárcel que actualmente cumple.
Como era de esperarse, la admisión a trámite de la demanda mortifica por la posibilidad de que el terrorista obtenga algún beneficio de parte de la CIDH como, por ejemplo, recuperar su libertad.
No obstante, tal posibilidad está descartada dado que la admisión del recurso a favor del cabecilla es un trámite formal y no implica ningún pronunciamiento adelantado. Así lo han precisado especialistas en la materia, entre ellos el representante permanente del Perú ante la Organización de los Estados Americanos (OEA), Gustavo Adrianzén.
Lo que ocurrirá en los próximos meses es que la CIDH discutirá con la defensa de Polay y con los abogados del Estado peruano los argumentos presentados para determinar si efectivamente hubo una transgresión de los derechos fundamentales del terrorista.
En el caso de que se llegue a la conclusión de que ello se produjo, el organismo supranacional emitirá un pronunciamiento de carácter no vinculante que puede ser admitido o no por el Estado peruano. De darse este último escenario, el proceso podría llegar hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).
Para el Colegio de Abogados de Lima, el peor resultado es que la Corte IDH disponga el inicio de un nuevo juicio al terrorista. Sin embargo, existe la confianza en que el Estado se defenderá con solvencia y demostrará que sus derechos fundamentales sí fueron debidamente cautelados, por lo que el caso quedará archivado desde un inicio en la CIDH.
En tanto ello ocurra, es preciso fortalecer la defensa del Perú ante los organismos de justicia supranacional y también exhortar a todos los sectores a no prestar oídos a aquellos cantos de sirena que no pierden la oportunidad de pedir el retiro de nuestro país de la competencia del sistema interamericano. Sabemos bien que ello no es conveniente en lo más mínimo para el Perú, no solo porque hacerlo implicaría denunciar la Convención Interamericana de Derechos Humanos, sino también porque tal medida en la práctica dejaría desprotegidos a los ciudadanos frente a cualquier abuso a sus derechos fundamentales.
Al margen de lo mencionado anteriormente, es necesario recalcar que por los graves delitos que cometió y por el terrible daño que le causó al país, Polay debe permanecer en prisión hasta cumplir el último día de su condena.
