La tendencia a ningunearlo ha crecido en tiempos recientes, pero con argumentos cercanos a la majadería. Si bien resultan atendibles los reparos sobre la metodología estadística utilizada respecto a determinados indicadores, aquellos que se centran en el supuesto ‘caviarismo’ de los miembros de esta comisión sí resultan deleznables.
El escenario montado sobre esos denuestos se torna más patético al encontrar sobre él a políticos y líderes de opinión con supuesto pedigrí democrático; algunos de ellos sentando posiciones que lindan con el negacionismo. Risibles son, en ese sentido, las que insisten en presentar a Abimael Guzmán y compañía como ‘luchadores sociales’. Imposible no reírnos de ellos.
Lo preocupante es encontrar, en el espectro contrario, a gente ‘preparada’, con estudios superiores, negando abusos perpetrados por las fuerzas del orden. Poco importa a estos personajes las vidas segadas y el mal uso de logística y recursos del Estado en crímenes de lesa humanidad. Los testimonios y las sentencias judiciales son papel mojado para ellos. El estado de emergencia es la bolsa negra en la que caben los restos de las víctimas de estas acciones.
Recordar a estos personajes que desde el Estado se alentaron violaciones a derechos fundamentales, equivale a ser tildado de aliado de los grupos terroristas. El terruqueo también alza su pata sobre estos predios, marcando territorio. A punta de adjetivos se pretende amedrentar a la memoria y acomodar la historia de acuerdo a ciertos intereses. De allí que resulte siempre necesario apelar a la documentación –bastante sustentada– que sostiene al Informe final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación. Basada en esta, además, pueden detectarse brechas aún existentes en el tema de la reconciliación. Esta semana, la Defensoría del Pueblo aportó data importante al respecto, en un documento cuyas recomendaciones tendrían que ser asimiladas positivamente por las entidades públicas a las que compromete.
Este muestra cifras que llevan a pensar si en efecto ese respeto a la vida humana que caracteriza al Estado de derecho en el que vivimos se condice con la realidad o está supeditado a esquemas burocráticos y formalistas. Conocer que 22 de un total de 53 casos de violaciones de derechos humanos que datan del período 1980-2000 siguen pendientes de sentencia es revelador. Similar sensación suscita saber que de las 21,918 personas desaparecidas en este período, solo se haya identificado a 2,718. Y es que no hablamos de meras cifras, sino de personas, familias y vidas; algo que a un sector cada vez más amplio de nuestra sociedad parece no importarle.
