Editorial
De acuerdo con una encuesta del Instituto de Estudios Peruanos (IEP), más del 90% de los peruanos desaprueban la gestión de este poder del Estado, un resultado inédito en nuestra historia reciente.
Las causas de tan amplio rechazo son diversas, pero entre ellas destacan la percepción de que los legisladores actúan en defensa principalmente de intereses particulares, el empleo de los recursos estatales sin criterio de austeridad y la vinculación de algunos parlamentarios con irregularidades y actos de corrupción. Hay que tener en cuenta también la existencia de una crisis política generalizada que desprestigia a la mayoría de entidades en este ámbito.
Sean cuales fueran las causas, no es positivo que una institución tan importante para nuestra democracia concite una desaprobación tan mayoritaria entre la población porque ello acentúa la crisis de representación política. Si el vínculo entre la ciudadanía y las entidades que deberían asumir su voz está roto, es fácil esperar que ese vacío sea llenado por propuestas personalistas que solo buscan obtener agua para su molino, en lugar de trabajar para recomponer vasos comunicantes.
En ese contexto adverso es que el legislador Alejandro Soto Reyes (APP) fue elegido en la víspera como nuevo titular del Parlamento para el próximo período de sesiones 2023-2024. La flamante autoridad política sostuvo en su primera intervención que su gestión trabajará para fortalecer la institucionalidad y mejorar la imagen del Congreso ante la ciudadanía. Agregó que buscará esos objetivos mediante el diálogo y el consenso con todos los sectores involucrados.
Resulta positivo que se hayan fijado esas metas institucionales. Coincidimos en que la recuperación de la imagen del Parlamento es factible en la medida en que sus integrantes tomen conciencia de que la población espera de ellos un trabajo comprometido con el país y las necesidades de los sectores más vulnerables, y no conductas tan cuestionables como el recorte de sueldo a trabajadores, viajes costosos e innecesarios financiados con dinero de todos los peruanos y la desactivación de las principales reformas aprobadas en gestiones anteriores.
Será necesario también fomentar una intensiva campaña en el Congreso a favor de la integridad y la transparencia, con la finalidad de revertir la imagen negativa que este poder del Estado transmite en ese ámbito. Igualmente, es urgente orientar el máximo esfuerzo legislativo hacia la aprobación de las leyes que el país requiere para lograr objetivos trascendentales como enfrentar la emergencia climática, reactivar la economía, generar empleo y brindar servicios de calidad a la población vulnerable.
Por el bien del país y la salud de nuestra democracia, hacemos votos por que la gestión de la nueva Mesa Directiva, encabezada por Alejandro Soto, tenga éxito y alcance sus principales objetivos.