Editorial
Reiterar el llamado a la paz nunca será redundante. Por el contrario, es más que necesario debido al momento de confrontación por el que atraviesa nuestra patria y que representa un fuerte escollo en el camino hacia el desarrollo con justicia social e igualdad de oportunidades para todos.
El país requiere de estabilidad política y paz social para enrumbarse hacia un futuro mejor. Será muy difícil cumplir objetivos nacionales claves, como reactivar la economía, atraer nuevas inversiones, generar empleo de calidad y mejorar los servicios básicos, entre otros, si persiste el enfrentamiento en cualesquiera de sus formas.
No queremos decir en absoluto que las protestas sociales sean las responsables de los problemas que aquejan a la nación. Que la ciudadanía exprese su sentir en las calles o en cuanto foro sea posible es un derecho que no puede ser recortado, siempre y cuando se ejerza sin violencia. La protesta es, en todo caso, la muestra palpable de que hay sectores de la población que legítimamente consideran que las cosas deberían hacerse de una manera distinta.
Una democracia debe permitir e incluso alentar que los ciudadanos expresen sus puntos de vista de forma pacífica y, si es el caso, protegerlos mediante sus fuerzas de seguridad. Los manifestantes, por su parte, están en la obligación de legitimar su lucha prescindiendo de cualquier expresión de violencia.
Desde este espacio defenderemos el derecho de los peruanos a expresarse libremente y sostendremos que la gran mayoría de quienes deciden salir a las calles lo hacen buscando hacer escuchar sus voces. La violencia es generada por desadaptados que deben ser apartados, procesados y sancionados con todo el rigor de la ley.
En ese contexto, hace bien el Gobierno en subrayar su invocación a la paz, así como el compromiso de garantizar una actuación profesional de los cuerpos de seguridad, orientada a proteger los derechos humanos de todos los ciudadanos, ejerciendo la fuerza de forma regulada y proporcional, en estricto cumplimiento de las normas que así lo disponen.
Concluido este ciclo de protestas sociales se debería de abrir paso a un nuevo proceso de diálogo en el cual todos los sectores democráticos tengan cabida, recurriendo para ello a los canales institucionales más pertinentes. Por el bien del país, esperemos que esa iniciativa se concrete y no quede solo en buenas intenciones dichas para la tribuna.
Ningún esfuerzo será en vano si se hace con el objetivo primordial de sentar las bases de una sociedad sin enfrentamientos y en la que todos tengan la oportunidad de expresar sus puntos de vista.