Derecho
Periodista
pbuendia@editoraperu.com.pe
El documento, que se aprobó por la Resolución N° 0254-2023-CE-PJ, precisa que la finalidad es definir el diseño, establecer indicadores y evaluar los resultados del piloto que se implementará con saldos presupuestales institucionales.
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Flujo
El plan explica que el proceso judicial empieza con el ingreso de la demanda o denuncia que efectúan los usuarios o la Fiscalía, mediante las mesas de partes del Poder Judicial. Después de la calificación, se realiza el trámite del proceso, de acuerdo con lo establecido en las etapas y especialidades, agrega.
Concluida la etapa de trámite, detalla, se emitirá la resolución final en primera instancia. En caso de que no exista apelación, se emitirá la resolución de consentimiento para que el proceso judicial pase a la ejecución, anota.
Por lo tanto, resalta, esta etapa resulta ser muy importante para los usuarios, ya que se deberá hacer que se cumpla la decisión emitida por el juez, pero no se le otorgó la importancia correspondiente, lo cual ocasionó el aumento sustancial de procesos en ejecución no atendidos y la insatisfacción de los usuarios hacia el Poder Judicial.
Balance
El plan indica que los procesos judiciales pendientes en el Poder Judicial para el 2023 suman tres millones 235,606, de los cuales un millón 10,713 están en trámite y dos millones 214,893 corresponden a procesos en ejecución. Asimismo, la resolución de los procesos judiciales es muy reducida, ya que solo se atendió el 35.5% en el 2022, informa.
Para conocer la información a futuro de los procesos judiciales, el PJ efectuó también una proyección con datos históricos y estimó que para el 2028 los pendientes serían cuatro millones 943,681, lo que equivale a más del 65% de los procesos judiciales al 2023. Asimismo, tres millones 389,053 corresponderían a procesos en ejecución, anota.
Frente a este panorama, el piloto pondrá la atención en los procesos en ejecución, problemática que agudiza el servicio de administración de justicia. Así, se reduciría la brecha de 2 millones 91,702 de procesos en ejecución que afronta actualmente el Poder Judicial, asegura.
Instancias
Tras rememorar que en el 2022 se contaba con un millón 838,847 procesos judiciales pendientes de ejecución, que subió en el 2023 a los dos millones 214,893, el plan señala que la instancia que concentra mayor cantidad de estos casos son los juzgados especializados o mixtos, seguidos de los juzgados de paz letrados y, en mucha menor proporción, las salas superiores especializadas o mixtas.
Mientras que, por distrito judicial, advierte que el de Lima es donde se concentra la mayor cantidad de procesos judiciales pendientes en ejecución a escala nacional, con 186,066 para el 2022 y 227,901 en el 2023.
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Asimismo, detalla, los distritos judiciales donde se concentra más del 50% de procesos judiciales pendientes en ejecución, incluido el de Lima, son Piura, Lima Este, Lambayeque, La Libertad, Arequipa, Cusco, Ica y Junín.
Módulos
Para afrontar la problemática de la gran cantidad de procesos en ejecución acumulados en los distritos judiciales, el plan propone la creación de módulos de ejecución de apoyo a la función jurisdiccional, gestionados por un administrador.
Este funcionario, explica, tendrá a su cargo secretarías de ejecución para atender con dinamismo y proactividad los procesos judiciales en ejecución, priorizando que las decisiones judiciales se acaten de manera efectiva y oportuna, a fin de que los usuarios vean que se atienden finalmente sus pretensiones y se genere confianza en el servicio otorgado por el Poder Judicial.
La estructura que tendrán los módulos de ejecución seguirá la del nuevo despacho judicial, el cual se caracteriza por la división de funciones entre el área administrativa y la jurisdiccional. Por tal motivo, se estructurarán con funciones propiamente administrativas de apoyo al área jurisdiccional, acoplándose con mayor facilidad en las implementaciones de los actuales sistemas procesales, como la Nueva Ley Procesal del Trabajo, la Oralidad en lo Civil y el Código Procesal Penal.
Administración
La administración, precisa, es un espacio de dirección que permitirá la adecuada utilización de los recursos en el módulo de ejecución y hará que estos estén dirigidos hacia resultados.
En cuanto al personal, potenciará sus conocimientos por especialidades y los canalizará para una mejor atención de los procesos judiciales en ejecución. Sobre los recursos logísticos e informáticos, velará para que estos se adquieran y utilicen para lograr una mayor eficacia y eficiencia hacia el otorgamiento de los servicios, anota.
Además, puntualiza, gestionará la información estadística que permitirá la toma de decisiones, a fin de evaluar y fortalecer el piloto del módulo de ejecución.
Recursos
El plan determina que, con la cantidad de secretarías que se habilitarán, de agosto a diciembre de este año se resolverían 57,960 procesos judiciales en ejecución en las cortes donde se habilitarán los pilotos: Lima, Piura, Lima Este y Arequipa.
A la par, fija la dotación de 1,170 plazas –contratos administrativos de servicios (CAS)– para las 35 cortes superiores de justicia, incluido el Subsistema Nacional Especializado de Extinción de Dominio, que permitirá reducir los procesos judiciales pendientes en trámite a escala nacional.
La totalidad de presupuesto CAS para atender los procesos judiciales pendientes en trámite y ejecución suma 30 millones 81,895 soles, anota.
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