Derecho
Abogado. catedrático de Posgrado de la UPC. Árbitro OSCE-CCL-PUCP-CIP-Amcham
La mayor parte de estas obras, el equivalente al 15.5% del total, están detenidas por falta de recursos financieros o por falta de liquidez. Se asignaron, como es habitual, partidas que no alcanzan para completar los trabajos. Están a la espera de nuevas transferencias presupuestales.
El 13.3% están suspendidas por diversos incumplimientos contractuales que son responsabilidad tanto de la entidad que convocó el proceso como del contratista al que se le adjudicó. En el primer caso suele ser la falta de pagos y/o de la atención de ciertas obligaciones y en el segundo caso no acreditar el personal profesional comprometido o no disponer de los materiales, equipos y maquinaria previstos.
Solo el 3.9% de las obras están paralizadas por discrepancias, controversias y arbitrajes. Un mito que hay que derribar, por consiguiente, es que los arbitrajes generan la paralización de las obras. Generan algunas paralizaciones desde luego, pero están muy lejos de ser la principal razón de ellas.
[Lea también: Portales de transparencia: se fortalece la supervisión]Hay otras causales, como los conflictos sociales, que afectan al 1.2% de las obras paralizadas, una cifra notoriamente menor de lo que podría creerse a juzgar por las informaciones que difunden algunos medios de comunicación que presentan un país en permanente convulsión, que por lo visto no corresponde a la realidad. Otro 1.2% se origina por los eventos climáticos, que igualmente se podría pensar que tienen una mayor incidencia cuando la verdad es que están bien monitoreados, lo que lamentablemente no quiere decir que el país esté en condiciones de enfrentarlos con éxito.
La falta de disponibilidad de los terrenos es una causal que compromete al 0.8% de las obras paralizadas. Se convocan las licitaciones sin tener liberado todo el espacio sobre el que se va a construir. Cuando el contratista se dispone a ingresar con sus máquinas y equipos se encuentra que no se han culminado las expropiaciones y que el terreno sigue en posesión de ocupantes, a menudo, precarios. Hay que aguardar negociaciones y, en ocasiones, hasta juicios de larga duración.
Las deficiencias en el expediente técnico ocupan apenas un 0.6% de los casos. El problema con los expedientes técnicos es que se convocan con presupuestos muy bajos, insuficientes para realizar todos los estudios que se requieren a fin de lograr un buen producto. Esta es, desafortunadamente, una regla que se aplica a todos los procedimientos de selección para la contratación de la elaboración y la supervisión de los estudios, así como para la ejecución y la supervisión de las obras.
Con los montos que se asignan para los estudios no se pueden hacer todas las perforaciones, todos los análisis y todas las pruebas que se necesitan para extraer conclusiones más certeras respecto al comportamiento de los terrenos, que es donde se encuentran las mayores variaciones que experimentan los proyectos.
[Lea también: Precisan alcance del delito de abuso del poder económico]Otro aspecto importante es que no se distinguen diseños que ocupan varios kilómetros de diseños que ocupan espacios menores. Por ejemplo, no se diferencia entre una carretera y una central hidroeléctrica. El terreno sobre el que se construye la carretera no puede estudiarse con el nivel de detalle que se estudia el terreno sobre el que se construye la central hidroeléctrica y, por eso, aparece la necesidad de incluir más material o material de otras calidades en determinados sectores.
En el caso de la carretera se hacen los cálculos por aproximación, ponderando los resultados que arrojan los ensayos hechos cada cierto trecho. En el caso de la central se hacen los cálculos casi con exactitud porque se tiene estudiado todo el terreno, al punto que construir la hidroeléctrica puede parecer un rompecabezas en el que cada pieza tiene su lugar. Por lo tanto, es más frecuente incorporar variaciones o ajustes en el expediente técnico de una carretera que en el expediente técnico de una central o de cualquier otra obra que se levanta sobre un terreno ya definido.
En cualquier caso, estas variaciones o ajustes no deberían acarrear ninguna responsabilidad para el proyectista que elaboró el expediente técnico porque muy probablemente hizo lo que estaba previsto en sus términos de referencia y porque no puede ser prestidigitador para saber cómo se comportará el terreno a lo largo de toda la extensión de la carretera. Recién durante la ejecución de la obra se determinarán con precisión las necesidades de los suelos.
[Lea también: Tribunal de la Sunafil establece precedentes sobre requerimiento]El 0.3% de las obras paralizadas se deben al abandono de los trabajos. El contratista desiste de continuar y se va independientemente del avance de la ejecución. El abandono puede tener distintas motivaciones, pero de seguro acarrea la resolución y liquidación del contrato, la aplicación de penalidades, la ejecución de las fianzas y la remisión de todo lo actuado al Tribunal de Contrataciones del Estado para la apertura del proceso sancionador correspondiente. Finalmente, otro 0.3% se debe a las interferencias. Para Provías Nacional, las interferencias son los bienes muebles e inmuebles y las instalaciones existentes de empresas o entidades prestadoras de servicios públicos e infraestructura diversa como paneles, canales, paraderos, señales y semáforos, entre otros, que obstaculizan la ejecución y el paso de las obras.
Se supone que deben aparecer en los planos y especificaciones técnicas y que antes de iniciar las construcciones deben haberse hecho las coordinaciones indispensables para retirarlas, trasladarlas a otros lugares, sustituirlas o resolver de cualquier otra forma el asunto para que no se convierta en un problema más que interrumpa la normal ejecución de las obras en circunstancias en las que se debe atacar frontalmente las causas de las paralizaciones y minimizar sus efectos.
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