Opinión
Periodista
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De allí, pues, que para sustentar una eventual denuncia del país del Pacto de San José se alegue una presunta politización de instancias como la Corte y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y se apele al principio de autonomía y libre determinación de los gobiernos.
Estas consideraciones suelen dejar de lado los principios sobre los cuales se asienta la conceptualización de los derechos fundamentales. Desde el punto de vista de quienes buscan que el país denuncie la Convención Interamericana de Derechos Humanos, deben prevalecer, por ejemplo, las disposiciones dadas en el marco de un estado de excepción o de emergencia, en desmedro de argumentos propios del derecho a la defensa y de la libertad de expresión.
En otras palabras, quienes defienden esta posición consideran natural darles carta abierta a los gobiernos de turno para establecer medidas de excepción y de recorte de las libertades individuales cada vez que se considere conveniente. Con ello se evitaría rendir explicaciones ante la comunidad internacional y las entidades supranacionales especializadas respecto a las motivaciones de estas disposiciones y sus consecuencias.
Entre los ejemplos a los que se recurre para ello están las sentencias judiciales sobre casos de terrorismo que, a partir de sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, debieron revisarse en nuestro país. Esto partió del hecho de que las personas que fueron condenadas por dicho delito –algunas de ellas sin pruebas– fueron sometidas a juicios sumarísimos en los que se minimizó o negó su derecho a la defensa. Ello se amparaba en una legislación de carácter excepcional que hacía tabla rasa del ejercicio de varios derechos fundamentales. Lo que se hizo desde la justicia supranacional fue establecer un correctivo para que dichos procesos guardaran legitimidad. Sin embargo, quienes hoy plantean alejarse de estas instancias, lo presentan como un acto de intromisión de enrojecido sesgo político.
Esta semana el Congreso ha visto la presentación de un proyecto de ley al respecto por parte de la bancada de Renovación Popular. Una de las primeras reacciones extraparlamentarias a este provino del flamante defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, quien ha señalado que “no es correcto” que el país se aleje de estas instancias. Su argumento señala que ellas representan una garantía a la defensa de los derechos fundamentales frente al abuso de poder de quien esté gobernando. Entender esto no debería ser tan difícil.
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