Economía
De acuerdo con el cálculo de la corrupción e inconducta funcional elaborado por el observatorio de esa entidad, la pérdida representa una incidencia del 13.4% del presupuesto devengado del año pasado, en el ámbito nacional.
“Si reflexionamos sobre los efectos de la corrupción, con los recursos públicos perdidos [más de 24,000 millones de soles], se podría eliminar la pobreza en el Perú, ya que aliviaría, como mínimo en dos años, este problema que en la actualidad afecta a millones de peruanos”, destacó el contralor general, Nelson Shack.
Explicó que la estimación se realiza por cuarto año consecutivo tomando como base la identificación del promedio móvil interanual de las proporciones de perjuicio económico al presupuesto público, sobre la cual se ejecuta una extrapolación que permite proyectar las pérdidas respecto al año anterior, en función del tipo de gasto, sector, departamento y nivel de gobierno.
Conciencia
La finalidad es revelar la situación actual del daño patrimonial que ocasiona la corrupción y la inconducta funcional en el país, y así priorizar de manera estratégica los esfuerzos del control .
También exhortar a los funcionarios y servidores a tomar acción para cambiar esta situación que afecta al desarrollo económico y social de la población, principalmente de los sectores más vulnerables, ya que se dejan de ejecutar obras y servicios sustanciales, agregó.
Incidencia
La proyección de la corrupción e inconducta funcional muestra que el nivel de incidencia en el 2022 respecto del 2021 fue ligeramente menor y pasó de 13.6% a 13.4%, precisó la Contraloría.
Sin embargo, en términos absolutos, el perjuicio fue mayor, en el 2021 llegó a 24,262 millones de soles, y en el 2022 se elevó a 24,419 millones de soles.
En el 2022, el perjuicio económico se presenta en el rubro de inversión (obras), con una incidencia de aproximadamente 16.8% (7,945 millones de soles), seguido por bienes y servicios con 12.8% (6,523 millones) y otros con 11.9% (9,950 millones).
Apuntes
Un ejemplo de lo identificado fue el caso del puente Tarata, en la región San Martín, en el que tres funcionarios de Provías Descentralizado presuntamente beneficiaron al postor.
Se postergó irregularmente la presentación de propuestas y se incumplieron los requisitos.