Opinión
Abogada y exviceministra de la Mujer
El feminicidio es el tipo penal propuesto a la manifestación más extrema de la discriminación y la violencia de género dirigida contra las mujeres por ser tales, un fenómeno creciente que cada vez adquiere características de mayor perversidad y ferocidad como quemarlas vivas. Esta forma tan cruel de asesinato se viene extendiendo en los últimos años en el país. Durante el 2017 y el 2018, diecisiete mujeres fueron quemadas vivas en el Perú; se desconocen las cifras en los años posteriores, pero es evidente que se siguen perpetrando.
Estas manifestaciones de violencia en contra de las mujeres encuentran una explicación en la desigualdad que aún permanece socialmente entre las mujeres y los varones, el elemento central en este tipo de crímenes es la discriminación y subordinación estructural contra las mujeres como resultado del machismo. Al respecto, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer de la Organización de Estados Americanos, conocida como la Convención Belem Do Pará, reconoce que la violencia de género es una manifestación de las relaciones de poder históricamente desiguales entre hombres y mujeres, lo que limita que ellas puedan ejercer sus derechos humanos y libertades fundamentales.
En el Perú, las cifras publicadas por el observatorio de Criminalidad del Ministerio Público en los últimos 5 años dan cuenta de que más de 674 mujeres han muerto asesinadas a manos de su pareja: por sus convivientes, 35.2%; exconvivientes, 15%, sus parejas, 11%; y por sus esposos, 7.6%; en el 1.5% de los casos, los feminicidas fueron sus propios padres. Asimismo, según este informe, más de la mitad de las víctimas son mujeres cuyas edades estaban entre los 18 y 24 años (25.5%), y los 25 y 34 años (32.5%). Asimismo, se sabe que el feminicidio se produjo en el interior del hogar en el 30% de los casos; paradójicamente, en el lugar que debiera ser más seguro para ellas.
Por ello es fundamental y urgente la implementación de una estrategia de intervención efectiva y oportuna, y que las políticas públicas que viene implementando el Estado a través del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables impacten positivamente sobre las mujeres y la sociedad, evitando la naturalización de la violencia de género y la tolerancia social, y en especial la tolerancia que muestran las autoridades que cumplen un rol importante en la labor de prevención, investigación y sanción de la violencia contra la mujer, en general, y los feminicidios, en particular.
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