Editorial
Entre enero y febrero de aquel año, el país debió enfrentar militarmente la ocupación ilegal de su territorio por parte de la nación vecina, acto que contravino el tratado limítrofe suscrito en 1942.
En consecuencia, tras fracasar los esfuerzos diplomáticos, y amparados por las normas internacionales y por el legítimo derecho a la defensa, el Gobierno ordenó a sus fuerzas militares garantizar la integridad del territorio nacional y desalojar a las fuerzas invasoras cuanto antes.
Para tener una idea del desafío que debió enfrentarse, es necesario recordar que el conflicto estalló cuando las Fuerzas Armadas no se encontraban en el mejor momento en cuanto a sus capacidades operativas debido a la obsolescencia de su equipamiento o a la ausencia del mismo, situación que devino de la crisis económica en la que había estado sumido el país hasta pocos años antes, así como a la falta de previsión y los lamentables malos manejos políticos.
Además, el adversario había preparado las operaciones con anticipación y utilizó a su favor las difíciles condiciones geográficas del teatro de operaciones.
No obstante las adversidades, las Fuerzas Armadas supieron cumplir su misión con eficiencia y patriotismo, legando a la historia el ejemplo de un puñado de héroes que no dudaron en ofrendar sus vidas en defensa de la bandera nacional y asegurar la integridad de nuestro territorio, lo que después permitió cerrar definitivamente la frontera y sentar las bases sólidas para la paz y el proceso de integración en marcha con el Ecuador.
Por tales motivos, el homenaje que se rindió esta semana a los combatientes que intervinieron en las operaciones del Alto Cenepa es un acto de justicia que reconoce el esfuerzo y la importancia trascendental de su intervención para el desarrollo futuro de nuestro país.
No debemos permitir que el olvido ensombrezca la epopeya del Cenepa ni a sus protagonistas. Al contrario, es indispensable que la nación mantenga presente en la memoria colectiva la férrea voluntad que mostraron nuestros compatriotas para sobreponerse a la adversidad y lograr preservar los intereses nacionales.
Asimismo, urge que el Estado cumpla con reconocer y entregar las compensaciones de ley a los combatientes, a fin de garantizarles un sustento digno, sobre todo a aquellos que quedaron con alguna discapacidad física como resultado de las operaciones bélicas.
El cumplimiento del deber con el Perú no exige ninguna compensación, pero es justo que quienes pusieron literalmente el pecho por el país la reciban lo más pronto posible.