Derecho
Así lo dio a conocer Víctor Hugo Vargas, director de Fiscalización y Sanciones (DFS) del Conadis, durante la primera emisión del programa virtual ‘Enlaces’, en el que, además, manifestó que todo cobro adicional no autorizado basado en la condición de discapacidad de una niña, niño o adolescente podría, constituir una falta sujeta a sanción, por un presunto acto de discriminación.
“No se puede exigir a los padres de familia pagar por profesores adicionales para que den atención o soporte a sus hijos con discapacidad. Es responsabilidad de los colegios proveer todos estos aspectos y velar por una educación de calidad que implique contar con todas las metodologías de enseñanza acorde al contexto actual, capacitación a sus docentes y adecuación de sus espacios”, manifestó el funcionario.
[Lea también: Año escolar 2023: ¿Los colegios pueden exigir la lista completa de útiles el primer día de clases?]Al respecto, se precisa que prácticas como la negación de matrícula o la exigencia de cobros adicionales representan barreras que limitan el acceso a una educación de calidad para las personas con discapacidad, porque los discrimina; excluyéndolos, finalmente, del sistema educativo.
Además, los promotores educativos deben velar por la permanencia del estudiante, la que se verá reflejada en cuanto se garantice la accesibilidad física, así como el suministro de materiales alternativos de comunicación, como libretas en sistema braille, contenido en lengua de señas, entre otros, que le permita desarrollar su potencial.
Según la Ley General de la Persona con Discapacidad, ninguna institución educativa pública o privada puede negar o restringir el acceso o permanencia de una persona por motivos de discapacidad. En caso de incumplimiento, al tratarse de una infracción muy grave, el Conadis puede aplicar sanciones, imponiendo multas que van de 12 a 15 unidades impositivas tributarias (UIT), equivalente a 74 250 soles (setenta y cuatro mil doscientos cincuenta soles).
Durante el 2022, la DFS del Conadis supervisó 120 instituciones educativas a escala nacional, de las cuales 63 eran de Educación Básica Regular. En estas últimas se evidenciaron deficiencias en accesibilidad que afectaban la prestación del servicio educativo a las personas con discapacidad.
Finalmente, el Conadis resalta que, según cifras de Unicef, el 40% de las niñas, niños y adolescentes con discapacidad culminan satisfactoriamente el nivel primario; y, apenas el 22% completa sus estudios secundarios. Por ello, es necesario que se garantice una real educación inclusiva, sin que esto implique un requerimiento extra no previsto en la normativa vigente.
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La @SUNATOficial detecta organización criminal que emplea cheques sin fondos para evitar cobros de deudas tributarias. ??https://t.co/219dfhIXvh
— Diario El Peruano (@DiarioElPeruano) February 13, 2023
Los casos identificados han sido denunciados penalmente por tratarse de un delito de defraudación tributaria. pic.twitter.com/5M5OzSv9Wn
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