Editorial
Este acto, que felizmente no logró su objetivo, es un atentado contra el corazón de la democracia representativa y fue inmediatamente rechazado por la presidenta Dina Boluarte. En su manifiesto, la Mandataria expresó su solidaridad con el gobernante Luiz Inácio Lula da Silva y el pueblo brasileño ante lo que calificó de una embestida intolerante a quienes desean imponer su visión “sin respetar la ley y las instituciones democráticas”.
Nuestra Cancillería destacó el carácter de normalidad con que se desarrollaron las elecciones presidenciales en Brasil, que ganó con toda transparencia el candidato del Partido de los Trabajadores y “condena el uso de la fuerza y de la violencia, así como los actos vandálicos, como herramientas políticas”.
Dos lecciones de este episodio podemos obtener los países democráticos de la región. La primera es la necesidad de evitar la formación de grupos políticos que desconozcan los resultados electorales. La segunda, en democracia, ganar y perder es parte del juego político.
Los comicios brasileños son un ejemplo del alto costo que significa no reconocer los resultados de las urnas, aun cuando cumplen con todas las condiciones para considerarlos “limpios y justos”.
El sufragio tuvo todas las garantías de imparcialidad por la participación activa de los personeros, el manejo transparente de las autoridades electorales autónomas y la supervisión de las misiones de observación electoral (MOE) de organismos internacionales y de países amigos. Brasil recibió siete MOE, entre las cuales destacó la de la Organización de los Estados Americanos (OEA), del Parlamento de Mercosur y del Centro Carter.
La desconfianza se debe a una noticia falsa de un supuesto fraude en las urnas electrónicas, que fue reproducida en las plataformas de las redes sociales de los grupos extremistas del bolsonarismo.
Por otra parte, los ataques a las instituciones del Estado brasileño solo terminan deslegitimando a los asaltantes. La reciente caída de la popularidad de Bolsonaro, de quien aún se desconoce su responsabilidad en los sucesos, revela el enorme rechazo que genera este tipo de acciones violentas.
La protesta es un instrumento legítimo para que los ciudadanos expresen su descontento contra una decisión o medida de los gobernantes. Pero el asalto, el saqueo, la violencia y la destrucción de bienes públicos o privados nunca serán vías de reclamo.
Como lo ha dicho el secretario general de la OEA, Luis Almagro, el movimiento extremista, que no cree en las normas de la convivencia pacífica, está presente en la región. Los gobiernos deben combatirlo y aislarlo para el bienestar de las mayorías, que sí desean vivir en democracia.