Editorial
En palabras llanas, un Estado basado en la meritocracia es aquel en el cual los cargos públicos son asumidos por profesionales de comprobada capacidad para cumplir una determinada función.
Por consiguiente, al momento de nombrar a los funcionarios no se toman en cuenta criterios de cualquier otra índole, como la afinidad política, por ejemplo.
En función a lo señalado es posible sostener que la ausencia de la meritocracia debilita las bases de una gestión pública eficiente y profesionalizada, pues la priva de los cuadros más idóneos para las delicadas funciones del Estado.
De esto último hemos sido testigos muchas veces en nuestro país, tanto en épocas pasadas como en más recientes, cuando la pertenencia a determinado sector político era el requisito para acceder al Estado.
Con tales criterios, quienes pagan las consecuencias son los peruanos, sobre todo los más vulnerables, pues el Estado pierde la capacidad profesional y técnica necesaria para abordar con eficacia asuntos complejos, como los procesos de adquisiciones de bienes públicos o la formulación de proyectos de inversión social.
Por consiguiente, es plausible la decisión del gobierno de promover la meritocracia de forma transversal a todo el sector público. “Este es el gabinete de la meritocracia”, afirmó de forma contundente el presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, para reafirmar la intención del Ejecutivo de corregir decisiones que no fortalecieron las capacidades de nuestro Estado para afrontar la difícil coyuntura actual.
De cumplirse esta meta, es prácticamente seguro que habrá una mejora notoria en la eficacia de las entidades.
Un ejemplo claro de lo que busca el Gobierno es la anunciada reorganización del Despacho Presidencial. El presidente de la Comisión de Alto Nivel para la Reorganización del Despacho Presidencial, Óscar Schiappa-Pietra, señaló que el objetivo de dicha acción es propagar en el resto del Estado una cultura meritocrática.
Otra medida concreta del Gobierno, demostrando que su prioridad es impulsar la meritocracia, es haber dado por concluidas las designaciones de 1,076 subprefectos distritales en 23 regiones del país.
El presidente del Consejo de Ministros anunció que se nombrará en los cargos de prefectos y subprefectos a personas reconocidas y distinguidas por su comunidad, sin importar su color político y de clara vocación democrática.