Derecho
Periodista
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La propuesta ‘Guía de Prevención y Gestión de Conflictos Socioambientales’, cuya difusión se aprobó mediante la Resolución Ministerial N° 109-2022-Minam, parte con precisar las definiciones de conflictos ambientales y socioambientales, la gestión y estado de estos, así como de los actores involucrados.
Así, la iniciativa precisa que un conflicto socioambiental es “un proceso complejo en el cual sectores de la sociedad, el Estado y las empresas perciben que sus objetivos, intereses, valores o necesidades socioambientales son contradictorios y esa contradicción puede derivar en violencia”.
Estos procesos, detalla, se pueden generar entre dos o más actores acerca del control, uso y/o acceso al ambiente y sus recursos, presentándose componentes políticos, económicos, sociales y culturales, así como respecto al manejo de los impactos ambientales.
Por ejemplo, existen riesgos de que se origine un conflicto socioambiental por la afectación o potencial afectación a los recursos naturales (aire, agua, suelos, flora, fauna), así como por la posibilidad de contaminación de cuencas, del entorno y los pasivos ambientales, vertimientos y contaminación por actividades extractivas.
Se suman los indicios del incumplimiento de instrumentos de gestión y/o la legislación ambiental, y los cuestionamientos o asuntos relacionados con los procesos de certificación y fiscalización ambientales.
Así también sobre los asuntos relacionados con el proceso de creación o de gestión de áreas destinadas a la conservación y al aprovechamiento de recursos naturales, señala el proyecto.
Respecto a la gestión de conflictos socioambientales, la define como un proceso mediante el cual una entidad del Sistema Nacional de Gestión Ambiental adopta acciones y/o instaura mecanismos de coordinación o participativos y toma de decisiones ante un conflicto socioambiental.
Para tal fin, explica, articula acciones y genera espacios de diálogo a fin de lograr soluciones integrales que contribuyan a la sostenibilidad y a la generación de un clima de paz y diálogo, en el contexto del estado de derecho. Por ejemplo, ante el surgimiento de un conflicto socioambiental un mecanismo para su gestión es una mesa de diálogo, entre otros, agrega.
Ahora bien, líneas anteriores mencionamos a los actores. El proyecto precisa que “son aquellas personas o grupos de personas, entidades públicas, privadas, nacionales o extranjeras, que están directamente o indirectamente involucradas en el conflicto”.
Los actores primarios son los directamente involucrados en el conflicto socioambiental, añade. Por ejemplo, afirma, puede ser una comunidad campesina que denuncia la afectación del ambiente por alguna actividad económica.
Los secundarios o aliados son los que brindan su ayuda a algún actor primario. Esta ayuda puede ser de distintos tipos: de nivel técnico, asesoría legal o, incluso, con recursos económicos.
Mientras, los terceros imparciales son los que sin ser parte del conflicto participan a fin de darle una atención. Se les percibe como imparciales y tienen la posibilidad de ser mediadores o negociadores, subraya.
Otro aspecto que menciona el proyecto de guía se refiere a que los conflictos socioambientales pueden estar en estado latente o manifiesto.
En el primero, estará en esa condición cuando no existan manifestaciones públicas relevantes ni frecuentes. En estos casos, por ejemplo, se activarán las alertas tempranas para prevenir el conflicto, precisa.
Mientras, será manifiesto si se registran expresiones públicas y las posiciones de los actores y los elementos en conflicto se hacen expresos. En estas situaciones, los actores en conflicto podrán solicitar la participación de un tercero imparcial y un espacio de diálogo para llegar a acuerdos, detalla.
En el rubro referidos a los principales mecanismos de intervención, la iniciativa lanza una pregunta: ¿cuáles son las principales líneas de acción? Las resume en prevención, tratamiento y seguimiento.
La primera la define como la intervención de las entidades del Sistema Nacional de Gestión Ambiental ante manifestaciones previas al surgimiento de un conflicto socioambiental y/o frente al escalamiento de este.
En el tratamiento se buscará gestionar los factores de los conflictos socioambientales y fortalecer las alternativas de solución mediante los mecanismos institucionales previstos en el sistema antes señalado.
Por último, se indica que las entidades del sistema efectuarán el seguimiento y monitoreo de los mecanismos de solución arribados, a fin de actuar de manera anticipada frente al posible resurgimiento del conflicto social.
Esta labor implicará el desarrollo sistemático, ordenado y sistematizado de una base de datos sobre la evolución de los conflictos sociales, mapeo de conflictividad, análisis estadísticos, y del monitoreo y seguimiento de las acciones de gestión para resolverlos, puntualiza el proyecto de ‘Guía de Prevención y Gestión de Conflictos Socioambientales.
En la prevención de los conflictos socioambientales, las acciones que se desarrollen se vincularán a aquellas que eviten su surgimiento o escalamiento, detalla el proyecto de guía.
Entre estas, figuran el fortalecimiento de capacidades en prevención y gestión de conflictos socioambientales; así como la elaboración y atención de reportes de alerta temprana. Incluye el fortalecimiento de las redes de alerta temprana. En esta actividad, se ejecutará un monitoreo permanente para identificar situaciones que puedan configurar el surgimiento de los conflictos socioambientales, agrega la propuesta.
Para el tratamiento de los conflictos socioambientales se seguirán tres pasos: instalación, implementación y cierre del espacio de diálogo. Además, estos espacios podrán ser mesas de diálogo, mesas de desarrollo y mesas/grupos técnicos.
La participación del sector Ambiente se realizará en coordinación con la Oficina General de Asuntos Socio-Ambientales (OGASA), la Secretaría de Gestión Social y Dialogo (SGSD) y otras.
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