Opinión
Especialista Regional en Protección Social y Desarrollo Rural de FAO
En el Perú, el 25% de la población se autoidentifica como perteneciente a un pueblo indígena, lo que representa 6 millones de personas aproximadamente (INEI, 2017). Estos son ricos en cultura, conocimientos y bienes naturales. Sin embargo, debido a la situación de discriminación histórica se encuentran entre los grupos con mayor rezago en materia económico-social. Según la Encuesta Nacional de Hogares del 2020, la incidencia de la pobreza en la población con lengua materna nativa (quechua, aimara o amazónica) fue de 38.4%.
A pesar de encontrarse en una situación de vulnerabilidad, la protección social no ha llegado de manera pertinente a los pueblos originarios. Según un balance realizado por la FAO, la mayoría de estos programas no han sido diseñados para responder a las características de la pobreza y vulnerabilidad de estas comunidades. Las limitaciones están relacionadas con la poca información y conocimiento sobre la economía indígena y sus especificidades, la falta de capacidades técnicas y herramientas para incorporar el enfoque intercultural en las políticas públicas, y la limitada participación de los pueblos indígenas en los espacios de decisión.
Por estos motivos, los programas de protección social que llegan a las comunidades indígenas normalmente no responden a su realidad. Por ejemplo, una de las principales demandas de los pueblos originarios se relaciona con la falta de capacidades interculturales de los gestores locales de los programas, quienes muchas veces no hablan la lengua indígena ni conocen la cultura de las comunidades. Por otro lado, destacan dificultades para el cobro de los subsidios monetarios, proceso que implica un alto costo y demanda mucho tiempo para las personas que habitan en las comunidades más alejadas. Asimismo, se presentan reclamos respecto a los alimentos entregados a las escuelas, los cuales normalmente no responden a las costumbres locales, por lo que algunos niños prefieren no consumirlos.
Por lo mencionado anteriormente, es necesario adaptar los procesos de diseño e implementación para responder a las necesidades específicas de las comunidades indígenas, tomando en cuenta sus características culturales y territoriales.
Para avanzar en este sentido, es indispensable reconocer a los pueblos indígenas y sus organizaciones representativas como aliados. Promover su participación es clave para garantizar el respeto a sus derechos individuales y colectivos, así como la adecuación y pertinencia cultural de las medidas, incorporando su visión del desarrollo y nociones del buen vivir. Al mismo tiempo, es importante reconocer y fortalecer sus mecanismos comunitarios de protección social, los cuales pueden servir como plataforma para mejorar la provisión de los programas existentes.
Asimismo, se requiere avanzar en la operacionalización del enfoque intercultural a través de la elaboración de metodologías e instrumentos que faciliten su incorporación en las estrategias de desarrollo. Esto debe ir acompañado de un fortalecimiento de las capacidades sobre el enfoque interculturalidad y los derechos de los pueblos originarios, dirigido a los funcionarios públicos encargados de diseñar e implementar los programas de protección social.
Por otro lado, es necesario crear sinergias entre los mecanismos de protección social y la promoción de los medios de vida para abordar simultáneamente las múltiples vulnerabilidades sociales, económicas y ambientales de la población indígena. Para ello, es indispensable fortalecer la articulación entre los programas de protección social y las políticas sectoriales de desarrollo productivo, empleo y medioambiente.
Promover el enfoque intercultural en el diseño e implementación de los programas de protección es un deber impostergable. Solo así garantizaremos que verdaderamente nadie se quede atrás.
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