Editorial
De acuerdo con la iniciativa, de aprobarse la consulta popular, la convención tendría 130 miembros y estaría formada por representantes de los partidos, de los pueblos indígenas y afroamericanos, así como por políticos independientes. Además, presentaría una conformación paritaria entre hombres y mujeres.
Una vez concluida la elaboración del nuevo texto constitucional, los peruanos deberán acudir a las urnas nuevamente a fin de pronunciarse sobre si debe entrar en rigor o no.
La remisión del citado proyecto de ley ha concitado la atención pública y, además, un fuerte rechazo de parte de los sectores políticos opuestos al Gobierno. El principal argumento proveniente de tales grupos es que la iniciativa sería el intento del Ejecutivo por desviar la atención de los verdaderos problemas que aquejan al país.
No obstante, recordemos que la iniciativa para convocar a una asamblea constituyente estuvo entre las principales promesas formuladas por Pedro Castillo durante la campaña electoral. Por lo tanto, era de esperarse que en algún momento esta se cumpliera.
Además, debe mantenerse la perspectiva de que es una propuesta, no una imposición, que debe discutirse en primera instancia en la Comisión de Constitución del Parlamento, grupo legislativo al cual no se le puede considerar afín al Gobierno.
Por consiguiente, no habría razones para que el proyecto de ley del Gobierno agrave la inestabilidad actual o intensifique las discrepancias entre los poderes Ejecutivo y Legislativo. Al contrario, la discusión respecto a un tema de tanta relevancia para el país, como el cambio de Constitución, debe transcurrir en términos responsables, pues la beligerancia lo único que lograría es desnaturalizar el debate y perder valioso tiempo.
Es preciso también no dejar de considerar a los numerosos sectores de la población, especialmente en el interior del territorio nacional, cuyas opiniones son favorables a un cambio de la Constitución, pues sienten postergadas sus demandas y atribuyen a un nuevo acuerdo social un primer paso con miras a revertir esa inequidad; o a aquellos peruanos que cuestionan el origen de la Carta Política de 1993.
Del mismo modo, debe tomarse en cuenta el punto de vista de quienes aceptan que la Constitución vigente es la responsable del progreso económico logrado por el país en los últimos años.
Por último, reiteramos que una Constitución es el pacto social sobre el cual toda nación edifica su devenir en los ámbitos social, político y económico. Por lo tanto, mientras más consenso haya entre los peruanos en tal tema, más sólidas serán las bases del desarrollo nacional.