Editorial
El avance de las actividades delincuenciales afecta de forma grave el derecho de la población a vivir en un clima de tranquilidad y paz social. Asimismo, no contribuye con generar el contexto apropiado para el desarrollo de actividades productivas que impulsen el crecimiento económico, la creación de empleo y el desarrollo nacional en una etapa pospandemia.
Por lo tanto, es apropiado que el gobierno encabezado por el presidente Pedro Castillo otorgue a este problema la máxima atención. En las últimas semanas, por ejemplo, se han aprobado algunas disposiciones que buscan reducir los índices de la delincuencia a escala nacional.
Entre ellas se encuentra la declaración del estado de emergencia en Lima y Callao por 45 días, medida que ha empezado a ofrecer algunos frutos, como la captura de 4,800 delincuentes en tales localidades; la autorización dada a las Fuerzas Armadas para apoyar a la Policía en labores de vigilancia y patrullaje en las calles; la aprobación en el Consejo de Ministros del proyecto de ley que regula el uso de motos lineales; así como las intervenciones a los mercados ilegales de objetos robados.
En suma, las decisiones tomadas por el Ejecutivo en el ámbito de la seguridad ciudadana demuestran una decidida voluntad política de abordar el problema y ofrecer soluciones lo antes posible. Y si bien es cierto que las medidas mencionadas son positivas y se esperan resultados positivos en el corto plazo, vencer a la delincuencia constituye una tarea compleja y de largo aliento que requiere la participación de todos los sectores, tanto públicos como privados, y también de la sociedad civil.
Por ejemplo, los gobiernos locales deben articular con el Ejecutivo, puesto que son las instancias llamadas a coordinar de forma estrecha con la Policía Nacional disposiciones que pongan coto a la delincuencia y protejan a los ciudadanos y a su patrimonio.
Asimismo, como sostiene la mayoría de expertos, el trabajo policial de inteligencia debe ocupar un lugar preponderante en este esfuerzo, pues es necesario tomar la iniciativa y neutralizar el accionar delincuencial, especialmente a la criminalidad organizada que causa tanto daño a nuestra sociedad. Urge también la participación del Poder Judicial, pues de nada sirve capturar a malos elementos si los jueces los dejarán libres en poco tiempo.
Los peruanos merecemos vivir en un ambiente de seguridad y de tranquilidad social, por lo que corresponde respaldar el esfuerzo del gobierno en este ámbito, con el fin de obtener resultados positivos lo antes posible.