Opinión
Periodista
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El episodio es un ejemplo útil para tener idea del contexto de inequidades e irregularidades en que se desarrolló tal proceso electoral, cuyos contendientes eran el presidente y candidato a la reelección, Alberto Fujimori, y un grupo de postulantes de las filas de la oposición.
Entre las irregularidades que sería largo enumerar, debemos recordar que los aspirantes no oficialistas fueron sometidos a espionaje y seguimiento con el propósito de acosarlos y desestabilizarlos.
Asimismo, el aparato del Estado estaba ilegalmente al servicio de la reelección. Entre otras acciones, el gobierno dispuso regalar lotes a familias de escasos recursos en el marco del programa “Profam”, hecho que se consideró un “canje” de terrenos por votos.
Por otro lado, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) era, en la práctica, una dependencia del SIN y tanto el funcionamiento del sistema de cómputo, como el conteo de los votos, no ofrecían garantías de transparencia ni limpieza.
Las denuncias de estos hechos fueron silenciadas por los medios de comunicación. Con contadas excepciones, la mayoría de diarios y canales de televisión ofrecían una cobertura parcializada oficialista, mientras que los adversarios del régimen eran minimizados y ridiculizados, cuando no difamados por la “prensa chicha” pagada con dinero del Estado.
Tal conjunto de irregularidades hizo que la misión de la OEA concluyera en su informe que los comicios fueron cuando menos “irregulares” y no “justos” ni “libres”.
Si tomamos en cuenta que la academia y la comunidad internacional definen a grandes rasgos al fraude electoral como la ausencia de un juego libre y limpio y como el recurso a acciones clandestinas puestas en marcha para alterar los resultados obtenidos en las urnas, no cabe duda de que dicho proceso fue fraudulento. El propio Stein, al concluir sus funciones, declaró que la misión bajo su liderazgo había sido testigo de un fraude en toda regla.
No deberíamos olvidar hechos de esta naturaleza para tener una perspectiva clara de lo que es un verdadero fraude, especialmente cuando hasta hace poco se pretendió sin pruebas hacer creer a la opinión pública la supuesta ocurrencia de comicios con esas características, algo que el Ministerio Público ha rechazado con claridad al archivar las denuncias de falsificación de firmas de miembros de mesa.
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