Editorial
Tal medida, indicó el sector, se ejecutará de forma flexible y descentralizada, y ya está en preparación el protocolo sanitario cuya finalidad es garantizar que las escuelas de todo el país sean espacios seguros y libres de contagios para estudiantes, docentes y personal administrativo.
Con la declaratoria de la emergencia nacional en marzo del 2020 a consecuencia del avance de la pandemia en el Perú, se dispuso la suspensión de las clases presenciales para evitar que los integrantes de la comunidad educativa se infecten con el peligroso virus.
Transcurrido el tiempo, es probable que esa disposición haya salvado muchas vidas al prevenir que las escuelas y centros de estudios se conviertan en focos de transmisión del agente patógeno. Desde el punto de vista sanitario, entonces, suspender las clases ha cumplido el objetivo trazado.
No obstante, es necesario también considerar el impacto negativo que esa medida está causando en el aprendizaje de millones de jóvenes, especialmente aquellos que recién empiezan su formación.
Como lo han señalado diversos especialistas en la materia de nuestro país y de la Unesco y del Banco Mundial, las escuelas representan para los estudiantes, sobre todo los más pequeños, no solo espacios en los cuales se obtienen conocimientos en el marco de un currículo académico, sino también entornos en los cuales se desarrollan valores y habilidades sociales esenciales en la construcción de la personalidad, como la empatía, el respeto, la solidaridad, el trabajo en equipo, entre otros.
Más allá de eso, desde el punto de vista del aprendizaje, diversos estudios demuestran que la suspensión de las clases estaría causando ya un impacto irreversible en la educación de los estudiantes, en particular en aquellos países como el Perú, donde existen profundas brechas sociales que impiden a todos por igual acceder a programas alternativos como la educación virtual mediante plataformas tecnológicas.
Por consiguiente, resulta positivo el compromiso asumido por el Ministerio de Educación de retornar a la presencialidad a más tardar en marzo del próximo año. La mayoría de países de América Latina ya han abierto las escuelas y es obligación del Poder Ejecutivo adoptar previsiones, de modo tal que no implique riesgos graves para la salud de estudiantes, docentes y administrativos.
En tanto, es urgente acelerar la vacunación de los menores en edad escolar, dotar a las escuelas de la infraestructura apropiada para adecuarse a la nueva normalidad y de los implementos que permitan seguir los protocolos sanitarios. Hay que recuperar el tiempo perdido y garantizar una educación de calidad.