Editorial
Para el presidente Castillo, este es un tema central en su gestión y así lo reiteró en la campaña electoral y en el mensaje ante el Congreso con motivo de Fiestas Patrias. La lucha contra la corrupción ocupa un sitio preferencial en la lista de prioridades del Gobierno.
Asimismo, en la misiva que le envió a Shack un día antes invitándolo a la reunión, el Mandatario ya había informado que el encuentro se enmarcaría en esa línea maestra de lucha contra el flagelo de las malas prácticas en el Estado. Reconoció, por ejemplo, la iniciativa de la Contraloría de fiscalizar los nombramientos de funcionarios, un tema que se encuentra actualmente en discusión. Consideró, además, que tal proceder fortalecerá la transparencia y lucha contra la corrupción. A continuación, invocó a esta importante entidad y a su titular continuar con las acciones orientadas a lograr el objetivo en el marco de sus atribuciones.
Con ese tenor, al concluir ayer la reunión con Shack, el presidente Castillo recalcó que su Gobierno inicia una nueva etapa de trabajo “que se caracterizará por la eficiencia, en beneficio de la población ”.
Es fundamental que el Ejecutivo y, en particular, el Jefe del Estado promuevan el cumplimiento de las leyes para la contratación de funcionarios y trabajadores en las instituciones públicas.
Y ello cobra mayor relevancia en este momento, luego de que surgieran críticas y controversias respecto a algunos nombramientos de personas en puestos estatales clave, como cargos en ministerios, que no cumplían con el perfil exigido o que presentaban determinados impedimentos. Pese a la preocupación que un tema así puede generar, es plausible que la administración de Castillo muestre capacidad de reacción y haya corregido los errores cometidos en este ámbito. Equivocaciones pueden presentarse más adelante, ya que nadie está libre del error, pero lo importante es saber enmendar en defensa de la institucionalidad del país.
Para alcanzar las metas trazadas en los sectores del Ejecutivo, especialmente en la coyuntura actual, marcada por la emergencia sanitaria como consecuencia del covid-19 y la retracción del crecimiento económico, la gestión estatal requiere de los mejores profesionales y los más capacitados. Sin duda, el mérito profesional debe ser uno de los principales criterios por tomar en cuenta en los nombramientos, así como la aptitud, una hoja de vida limpia y un sólido compromiso con la democracia y la lucha contra la corrupción.
En este esfuerzo cumplirán también un apoyo destacado entidades como la Contraloría, cuyo titular anunció, tras la reunión con el presidente Castillo, la presentación de un proyecto de ley que propondrá criterios para estandarizar los perfiles de los funcionarios requeridos.
La tarea por mejorar la eficiencia de nuestro Estado requiere decisión política y el Jefe del Estado, afortunadamente, ha expresado su intención de ir por ese camino.