Opinión
Para poner en contexto al lector, en ese entonces precisé que existe un principio de lealtad nacional y otro regional, ambos desarrollados por el Tribunal Constitucional.
El primero está referido a una lealtad que implica que el Gobierno Nacional coopere y colabore con los gobiernos regionales y locales, mientras que el segundo está referido a una lealtad que implica que los gobiernos regionales no pueden afectar fines estatales; estando impedidos de dictar normas contrarias a los intereses nacionales.
Esta nueva PNA es la segunda con que se cuenta en nuestro país. La primera fue aprobada en el 2009, la cual establecía cuatro ejes de política y respondía a un contexto en particular; sin embargo, desde ese entonces a la fecha mucha agua ha corrido bajo el puente, como se diría coloquialmente.
Un ejemplo de lo señalado puede ser el referido a los compromisos internacionales en materia de cambio climático. La hoy derogada política del 2009 fue elaborada en el marco del entonces Protocolo de Kioto, en el que el Perú tenía un papel secundario (en el marco del Mecanismo de Desarrollo Limpio), mientras que la nueva PNA es elaborada en el marco del Acuerdo de París, y los compromisos asumidos con relación a la reducción de gases de efecto invernadero, los cuales son cada vez más exigentes y demandan mayores esfuerzos del Estado. Recordemos que en el 2020 el Perú elevó a 40% su meta de reducción de gases para el 2030.
Es por toda el agua corrida bajo el puente que surgió la necesidad de contar con una nueva política. La nueva PNA cuenta con nueve objetivos prioritarios, que están bajo responsabilidad de la autoridad ambiental nacional, Ministerio del Ambiente.
Lo que corresponde ahora es que toda la sinfónica marque el mismo ritmo. Esto es, que los gobiernos regionales y locales adecúen sus planes a la nueva PNA. Ya hemos tenido penosas experiencias, en las que algunos de estos gobiernos no cuentan con planes o estrategias actualizadas.
La nueva PNA desarrolla sus objetivos con la finalidad de que las metas sean logradas al 2030, por lo que ha empezado una carrera a contrarreloj. En algunos meses llegará a su fin el 2021, que termina con muchas dudas y con la única certeza de que quedará un año menos en la carrera. Por ello, el papel de quien lleva la batuta –el Gobierno nacional–es muy importante.
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