Opinión
Pedro Francke ha sido claro y contundente sobre las acciones que tomará desde el Ministerio de Economía y Finanzas. “Necesitamos con urgencia recuperar el empleo, respetando la propiedad privada, asegurando buen funcionamiento de los mercados, promoviendo la inversión privada y la pública”, escribió en Twitter luego de asumir uno de los cargos más importantes en el Poder Ejecutivo.
Para lograrlo, Francke ha planteado la necesidad de apostar por la concertación y el fortalecimiento de la democracia, no solo por guardar las formas, sino porque está convencido de que ambas acciones ayudarán a tomar el “rumbo económico que asegure progreso con justicia para todos”. Ahora, bien, el “progreso con justicia para todos” lo alcanzaremos con igualdad de oportunidades para todos, pues luchar contra las desigualdades, entre ellas las de género y de orientación sexual, no solo fortalece la democracia, contribuye a consolidar el crecimiento económico.
El Banco Mundial ha advertido que mantener todas las formas de discriminación, incluidos los prejuicios basados en la orientación sexual y la identidad de género, es uno de los más altos obstáculos para alcanzar las metas de reducir la extrema pobreza mundial a menos del 3% para el 2030.
Esto se explica porque ese tipo de exclusión causa en quienes la padecen problemas de salud mental y física, menor acceso a salud, educación, vivienda, financiamiento y otros servicios sociales, lo que genera mayor desempleo y otros problemas.
De acuerdo con la “II Encuesta Nacional de Derechos Humanos” difundida por el Ministerio de Justicia en el 2019, en el país existe discriminación contra todos los grupos especiales compuestos por personas con determinadas identidades étnicas, hombres y mujeres que sufren algún tipo de discapacidad, miembros de comunidades LGBTI, adultos mayores, niños y adolescentes en estado de pobreza, entre otros. En el estudio se recalca, sin embargo, que la discriminación es mayor contra las personas LGTBI.
Esto se refleja en la “I Encuesta Virtual para Personas LGBTI, 2017” del INEI. Del total de encuestados, más de un tercio (37.3%) dijo que no trabaja, y el 11.5% de los que tienen empleo reveló que había sufrido algún tipo de discriminación o violencia en el trabajo: al 33% no le pagaron lo que le prometieron, el 30.8% fue obligado a trabajar día y noche, el 24.9% fue agredido física, verbal o sexualmente y el 14% fue amenazado con ser despedido, entre otras formas de maltrato.
En consecuencia, la discriminación por género o identidad sexual produce menor productividad, menores ingresos y mayor pobreza, menor expectativa de vida por deterioro de la salud y una menor participación en la fuerza laboral, condiciones que le cuestan al mundo, según cálculos de organismos internacionales como el Banco Mundial, más de 119,000 millones de dólares anuales.
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