Editorial
De acuerdo con la disposición aprobada, al igual que los combatientes de los mencionados conflictos, los militares que pelearon contra la subversión en el período de violencia política tendrán derecho a que se regulen sus pensiones con las variaciones que sean pertinentes; a una pensión equivalente a la remuneración mínima vital; y derecho a atención médica gratuita y medicinas en los hospitales de las Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional, del Ministerio de Salud y de EsSalud.
Asimismo, la norma establece que los licenciados del servicio militar que participaron en esta lucha tendrán prioridad para acceder a los programas de promoción del empleo del Ministerio de Trabajo y en las evaluaciones médicas de diverso tipo.
Se trata de un justo reconocimiento a los miembros de las Fuerzas Armadas que pelearon de forma valerosa contra grupos irracionalmente levantados en armas contra el Estado y que no tuvieron reparos en aplicar el terror como método para conseguir sus objetivos políticos.
Cientos de esos militares perdieron la vida y otros quedaron heridos, discapacitados y con problemas de salud mental debido a la dureza del combate contra las hordas terroristas. De no haber sido por el valor y el sacrificio mostrado por los miembros de las Fuerzas Armadas en la zona de emergencia y en todo el territorio nacional probablemente el conflicto se hubiera prolongado durante mucho más tiempo y quien sabe si nuestra democracia hubiera podido sobrevivir ante el embate de algunos de los proyectos totalitarios más sanguinarios conocidos en el mundo en las últimas décadas.
En consecuencia, es necesario que el Estado peruano continúe honrando la deuda que tiene con estos valientes contribuyendo a establecer las condiciones para que su calidad de vida no disminuya, especialmente la de aquellos que se encuentran en situación de vulnerabilidad por su condición socioeconómica. Los beneficios que otorga la ley promulgada, los cuales se extienden también a los militares que defendieron al país en el último conflicto fronterizo con el Ecuador en 1995, son hoy absolutamente convenientes, sobre todo si tenemos en cuenta las nefastas consecuencias de la pandemia del covid-19, especialmente en los hogares más pobres que conforman nuestra sociedad.
Por estas razones, hacemos votos para que estos beneficios se hagan efectivos cuanto antes y para que todas las entidades del Estado garanticen una aplicación inmediata y sin ningún inconveniente.