Opinión
Periodista
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En los últimos años la vacancia presidencial por permanente incapacidad moral establecida en el artículo 113 de la Constitución se ha convertido en un factor de inestabilidad para los gobiernos de turno. Pedro Pablo Kuczynski y Martín Vizcarra, por ejemplo, zozobraron por los intentos de la mayoría parlamentaria opositora por retirarlos del cargo recurriendo a ese instrumento constitucional.
Mucho se ha escrito sobre el impacto de la vacancia. A la luz de los hechos recientes una conclusión a la que podríamos llegar es que no ha contribuido con fortalecer la estabilidad política, entendida como las condiciones mínimas y óptinas que permitan a un gobierno ejercer sus funciones.
Este problema se acentúa si tomamos en cuenta el fraccionamiento observado en los últimos congresos, donde ningún partido, menos el del gobierno, ha logrado constituir mayoría. En ese contexto, el Ejecutivo queda expuesto a la capacidad de la oposición de reunir el apoyode los 2/3 del número legal de parlamentarios, es decir, 87 votos de un total de 130 legisladores.
Tal situación obliga al Ejecutivo de turno a buscar alianzas o acuerdos políticos en el Congreso, no solo en la búsqueda del respaldo y la investidura que le permitan ejecutar su política general, sino también para ponerse a buen recaudo de la vacancia.
Podría argumentarse que la vacancia es una especie de seguro para garantizar la naturaleza intachable que debe tener la Presidencia de la República. Desde esa perspectiva, solo debería invocarse en caso haya una razón objetiva, claramente definida en la Constitución. Pero ¿ha ocurrido eso? La última vacancia presidencial aprobada se fundamentó en versiones de aspirantes a colaboradores eficaces en procesos de investigación fiscal que no habían concluido.
Una decisión de esta envergadura no debería estar sujeta a los vaivenes de la política menuda. Si bien puede cumplirse al pie de la letra lo señalado por la Constitución, ello no asegura que una decisión sea de naturaleza legal o constitucional, como sí la expresión nefasta del uso de las herramientas legales y constitucionales para concretar venganzas subalternas.
Ello nos lleva a la urgencia de precisar razones objetivas bajo las cuales debería invocarse la vacancia. Algunos partidos políticos han prestado atención a esta necesidad y han incluido en sus planes de gobierno propuestas para llevar a cabo reformas puntuales a la Constitución a fin de establecer causales más determinadas y acotadas.
¿Aceptará el Congreso o los partidos apoyar una reforma que podría derivar en la pérdida de un instrumento de presión al Ejecutivo? En vista de las características que podría tener la relación Ejecutivo-Congreso en el próximo quinquenio, sería conveniente abordar este tema cuanto antes.