Editorial
La Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) ha destacado este avance porque ambas iniciativas legales, ahora en manos del Congreso, son producto de un largo proceso de consultas con los gobernadores y aprobados por los consejos regionales a fin de lograr el mayor consenso posible, y evitar así cualquier divergencia en el futuro.
Esta situación proviene de los albores de la República. Desde 1821 se dio comienzo al proceso de cambios que incluyó la ocupación y la apropiación del territorio peruano, que se caracterizó por la formación de distritos, provincias y departamentos (ahora regiones). Sin embargo, el crecimiento acelerado y desordenado de las poblaciones urbanas y rurales trajo como consecuencia cambios continuos de la demarcación, delimitación y división del territorio.
Los conflictos actuales, producto de la imprecisión y la carencia de límites territoriales, obedecen principalmente a la antigüedad de las creaciones políticas, así como a la falta de adecuación de normas en la materia que precisen procedimientos, criterios, requisitos técnicos y definiciones.
Conforme a información de la PCM, actualmente el territorio peruano está dividido en 1,829 distritos y 194 provincias. De esa cantidad, el 79.8% de los distritos y el 92% de las provincias no se hallan debidamente delimitados, lo que ocasiona conflictos de pertenencia jurisdiccional que involucran a centros poblados, urbanizaciones, lugares arqueológicos, infraestructuras, entre otros.
El proceso de división político-administrativa del país ha demandado que se efectúen anexiones territoriales, categorizaciones, recategorizaciones, delimitaciones, redelimitaciones y traslados de capital hechos sobre la base de la división político-administrativa existente a fines de la Colonia.
Los criterios para estas acciones no siempre han sido sustentados en razones técnicas que respondan a las exigencias de su geografía y el desarrollo social; por el contrario, han sido impulsados por intereses políticos, económico-regionales, por movimientos de reivindicación social, por razones geopolíticas o de índole administrativa o fiscal, lo que ha generado como consecuencia una división poco funcional, que dificulta el ejercicio del gobierno, la buena administración y la conformación de las regiones. A la solución de esa problemática apuntan los proyectos del Ejecutivo y que el Parlamento debe aprobar ahora.