Fenómeno El Niño y las claves para reducir la vulnerabilidad.
En los últimos meses estamos leyendo constantemente sobre las acciones de prevención que adopta el Estado respecto del fenómeno El Niño (FEN). El Senamhi mantiene el estado de alerta del FEN con pronósticos severos para 2027, como temperaturas elevadas, lluvias intensas en la zona norte, calor en Lima y sequías en la zona sur del país, lo que podría acrecentar los problemas de disponibilidad del recurso hídrico.
En ese contexto, el Gobierno ha señalado que las acciones de prevención frente al FEN constituyen una prioridad. Una muestra de esta preocupación es la aprobación del Decreto de Urgencia N.° 010-2026, que dicta medidas extraordinarias para la ejecución de intervenciones mediante el mecanismo de obras por impuestos ante el FEN. Con ello, se busca utilizar el apoyo del sector privado para la ejecución célere de actividades orientadas a reducir la exposición de la población y de la infraestructura pública, asegurar la continuidad de los servicios esenciales y reducir los daños que podrían generar mayores necesidades de rehabilitación y reconstrucción.
Asimismo, en el sector ambiente se han identificado actividades importantes relacionadas con la prevención y atención de los efectos del FEN, como el monitoreo y evaluación de los recursos naturales frente a eventos extraordinarios, así como servicios vinculados al monitoreo temporal mediante radar de glaciares con probabilidad de desprendimiento y peligro de aluvión. Que estas acciones se adopten antes de que ocurra el fenómeno es positivo. La prevención supone precisamente anticiparse al riesgo y adoptar medidas que permitan reducir sus posibles impactos.
Cuando hablamos de prevención frente a fenómenos naturales, gran parte de la atención suele concentrarse en la infraestructura y en la continuidad de los servicios: muros, barreras, sistemas de drenaje, obras de protección y sistemas de monitoreo. Estas medidas cumplen una función específica importante. Ahora bien, para sumar al debate, la provisión de infraestructura no es el único aspecto a considerar para hacer frente a las consecuencias de un posible desastre natural.
Una barrera puede reducir temporalmente el impacto de una inundación, pero no necesariamente mitiga los efectos que un evento climático puede generar en los medios de subsistencia de una comunidad. Las barreras costeras pueden ofrecer protección frente a determinados peligros, pero no resuelven por sí mismas las dificultades de quienes dependen de la pesca para su sustento. Esto permite advertir que los efectos de un fenómeno natural no dependen únicamente de la intensidad del peligro, sino también de las condiciones en las que se encuentran las personas y comunidades expuestas. Es aquí donde adquiere especial relevancia el concepto de vulnerabilidad y la preocupación sobre cómo se logra su reducción.
La respuesta nos lleva a un enfoque combinado a corto plazo –centrado en reducir los riesgos e impactos inmediatos de un fenómeno natural– y un enfoque a largo plazo orientado a entender el contexto de vulnerabilidad que enfrentan las personas, usualmente arraigado en factores sociales y económicos más profundos (Eriksen et al., 2015).
Esta perspectiva resulta especialmente relevante cuando hablamos de pobreza. El hecho de que una persona o familia haya superado una situación de pobreza monetaria es un avance. Sin embargo, ello no significa necesariamente que hayan desaparecido las condiciones que pueden hacerla vulnerable frente a un fenómeno natural. La pérdida de una vivienda, de los ingresos familiares o de los medios de subsistencia puede generar impactos particularmente graves cuando existen pocas capacidades para afrontar y recuperarse de una emergencia. Por ello, una forma eficiente de analizar la vulnerabilidad debe incorporar las voces de los afectados mediante un proceso participativo que aborde sus necesidades actuales (Ayres & Forsyth, 2009). Las personas no enfrentan necesariamente los mismos riesgos ni cuentan con los mismos recursos para hacer frente.
Desde una perspectiva jurídica, las responsabilidades del Estado en materia de gestión del riesgo y protección de la población requieren considerar también las condiciones que hacen que determinados grupos tengan una mayor exposición o menores capacidades para afrontar los impactos de un fenómeno natural. Incorporar la vulnerabilidad al análisis de la prevención y las políticas implica, por lo tanto, preguntarse si las intervenciones públicas están atendiendo estas condiciones.
Es fundamental enfocarse entonces en estrategias de adaptación, resiliencia y desarrollo y, por ende, en una mejora en la calidad de vida en general. Las intervenciones estatales deben considerar además de la provisión temporal de infraestructura o de proyectos de mitigación riesgos climáticos, considerar también medidas orientadas a garantizar, en el largo plazo, el acceso a múltiples recursos de sustento que contribuyan a un bienestar sostenible (Cannon y Müller-Mahn, 2010).
Activos esenciales
Así, resulta necesario fortalecer activos esenciales, como el capital humano, para generar ingresos, mejorar la calidad de vida y asegurar el acceso a servicios de salud y educación, así como la capacidad de transitar entre diferentes fuentes de sustento. De igual modo, es esencial asegurar las relaciones sociales en comunidad, dado que el bienestar general depende, en buena medida, de la comunidad en la que vive el individuo. Afectaciones externas, como la inseguridad, pueden perjudicar estas relaciones.
Por ello, la prevención frente al FEN debe ser entendida desde una perspectiva más amplia. Reducir la vulnerabilidad es un proceso que requiere mirar no solo el peligro físico al que estamos expuestos, sino también las condiciones sociales y económicas que determinan nuestra capacidad para enfrentarlo y reponernos. Para el Estado, esto supone complementar las medidas de respuesta y mitigación con políticas que contribuyan, de manera sostenida, a reducir esas condiciones de vulnerabilidad.
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