Más de 2.5 millones de celulares no registrados y con historial negativo fueron bloqueados
Medida es impulsada por la PCM, a través del Osiptel, y se articula con operativos contra la comercialización ilegal de chips y el uso fraudulento de líneas telefónicas.
La medida, impulsada por la Presidencia del Consejo de Ministros, a través del Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel), permitió superar la meta proyectada para este año, tras la orden de bloqueo del último grupo de 100 000 celulares.
Con la información del sistema Renteseg, el ente regulador desarrolla labores de identificación de equipos que, además de no figurar en la lista blanca, se relacionan de manera reiterada con el uso de IMEI inválidos o clonados, así como con personas comprendidas en investigaciones en curso de la Policía Nacional del Perú (PNP) o del Ministerio Público.
Estas acciones se intensificaron con la declaratoria del estado de emergencia dispuesta por el Gobierno nacional en distintos puntos del país. En ese contexto, del 28 de octubre a la fecha se bloquearon más de 650 000 equipos móviles adicionales bajo esta modalidad, como parte de la respuesta integral del Estado frente a la criminalidad.
Esta medida se suma a otras acciones impulsadas por el Ejecutivo para desarticular la cadena que facilita delitos como la extorsión y la suplantación de identidad, entre ellas los operativos conjuntos realizados en zonas comerciales de Lima para prevenir la activación y comercialización ilegal de chips, con la participación del Osiptel, la PNP, el Ministerio Público, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) y los gobiernos locales.
Creado en 2017, el Renteseg es liderado por el Ministerio del Interior, mientras que Osiptel se encarga de la implementación y operación de este sistema, cuya finalidad es prevenir y combatir el hurto, robo y comercio ilegal de equipos móviles, como parte del fortalecimiento de la seguridad ciudadana.
Así, el Gobierno refuerza una estrategia integral que articula el control de equipos móviles y líneas telefónicas, el fortalecimiento de la fiscalización y la persecución penal, con el objetivo de proteger la identidad de los ciudadanos y reducir el uso de servicios móviles en actividades delictivas.
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