Política
La implementación de esta herramienta contará, además, con la participación de la Asociación de Bancos del Perú (Asbanc), así como de otras entidades competentes, como parte de un enfoque articulado e interinstitucional para enfrentar de manera más eficaz este delito.
El acuerdo fue adoptado durante la quinta sesión ordinaria del Conasec, realizada en el auditorio de la Fortaleza Real Felipe, en el Callao.
En representación del ministro del Interior, Vicente Tiburcio Orbezo, participó el jefe del Gabinete de Asesores del Mininter, Luis Albújar Velásquez, quien reafirmó la voluntad política del sector de continuar contribuyendo, de manera coordinada, al diseño y ejecución de estrategias del Estado orientadas a combatir integralmente las estructuras criminales vinculadas con la extorsión y delitos conexos.
Asimismo, durante su intervención, destacó que la gestión del ministro Tiburcio se sustenta en tres líneas estratégicas de acción: la prevención del delito, la lucha frontal contra la criminalidad y el fortalecimiento de la integridad institucional.
Otros acuerdos
Durante la sesión, el Conasec acordó también que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), en coordinación con el Mininter, organice asistencias técnicas en materia de inversión pública en seguridad ciudadana dirigidas a distritos priorizados, con el fin de fortalecer la formulación, ejecución y sostenibilidad de proyectos de inversión en este sector.
Asimismo, se estableció que la Contraloría General de la República priorice la aplicación del control concurrente en los proyectos de inversión pública y obras por impuestos vinculados con el orden público y la seguridad ciudadana, ejecutados por gobiernos locales, que superen los 5 millones de soles y registren niveles de ejecución física inferiores al 65% del Presupuesto Institucional Modificado (PIM).
Unidades de flagrancia
El Poder Judicial deberá informar al Ministerio Público y a la Policía sobre el estado situacional de la implementación y funcionamiento de las unidades de flagrancia, tanto piloto como modelo, a escala nacional. La Defensoría del Pueblo presentará un informe consolidado sobre los conflictos sociales activos y latentes en cada región del país, mientras que la Secretaría Técnica del Conasec elaborará un informe sobre la validez de los acuerdos formulados.