Editorial
“[...] fortalecer la seguridad de las fronteras es parte esencial de la estrategia del Gobierno peruano en la lucha frontal contra el crimen”.
El canciller Hugo de Zela informó que ambos países establecieron como principio básico que toda salida de Chile e ingreso al Perú deberá realizarse de manera regular, evitando así que grupos de migrantes atraviesen los controles de forma ilegal y generen aglomeraciones que complican la gestión humanitaria y la seguridad en la zona fronteriza. Este acuerdo permitirá implementar mecanismos operativos conjuntos entre la Policía Nacional y Carabineros de Chile, con intercambio directo de información, patrullajes coordinados y acciones simultáneas para impedir el ingreso clandestino y prevenir incidentes que pongan en riesgo la seguridad nacional.
La decisión de convocar una reunión extraordinaria de Altos Mandos Policiales y Unidades Especializadas (Rampol) y la creación de un grupo técnico en materia consular y migratoria evidencian que ambas naciones reconocen la naturaleza compartida del desafío y la necesidad de respuestas inmediatas y efectivas. No se trata solo de ordenar flujos migratorios: se trata de proteger a la población frente a organizaciones criminales transnacionales que se aprovechan de la vulnerabilidad y del vacío de control para traficar personas, extender redes de trata, narcotráfico o extorsión, y facilitar el desplazamiento de individuos vinculados con delitos graves.
En ese contexto, fortalecer la seguridad de las fronteras es parte esencial de la estrategia del Gobierno peruano en la lucha frontal contra el crimen. La iniciativa legislativa de reforma constitucional, que propone que las Fuerzas Armadas asuman la responsabilidad directa de la seguridad fronteriza en zonas críticas del país, debe ser debatida con celeridad y responsabilidad en el Congreso. La experiencia reciente en estados de emergencia demuestra que la acción conjunta de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional resulta fundamental para recuperar el control territorial frente a mafias altamente organizadas.
El Perú es un país solidario y respetuoso de los derechos humanos. Los casos humanitarios que involucren a niños, mujeres o adultos mayores serán atendidos con sensibilidad. Pero la apertura indiscriminada de fronteras no puede ser una opción. No se puede permitir que la migración irregular sea utilizada como vía de ingreso para personas de mal vivir que amenazan la tranquilidad de millones de familias y elevan los índices de inseguridad ciudadana.
Proteger nuestras fronteras es proteger a nuestro país. El orden legal y la seguridad no son negociables.