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Año de la lucha contra la corrupción y la impunidad
JUEVES 5

de diciembre de 2019

Por un mercado sin distorsiones

“[...] es importante que el Gobierno haya decidido legislar a fin de cautelar los intereses de los ciudadanos, evitando que surjan en el futuro estas estructuras negativas de mercado”.

6/11/2019


El presidente de la República, Martín Vizcarra, anunció que el Ejecutivo ha aprobado un decreto de urgencia sobre fusiones y adquisiciones empresariales cuyo objetivo es asegurar una adecuada competencia, evitar distorsiones en el mercado y cautelar los derechos de los ciudadanos y consumidores.

Si bien la norma aún no ha sido promulgada, se conocen algunas de sus características. El presidente del Consejo de Ministros, Vicente Zeballos, subrayó que este decreto ha sido concebido como una herramienta para evaluar las operaciones que superen determinado umbral y prohibir o condicionar aquellas que afecten la eficiencia económica de los mercados.

Con ese fin, el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) sería la entidad encargada de determinar si una operación de fusión empresarial podría devenir en el surgimiento de un monopolio u otra distorsión similar.

A diferencia de varios países de América y Europa que cuentan desde hace varios años con una norma de este tipo, la disposición anunciada por el Ejecutivo cubrirá un vacío legal que existe en nuestro país, situación que no pudo ser subsanada por el Congreso ahora disuelto.

En mayo de este año, el pleno del Parlamento aprobó un dictamen que otorgaba al Indecopi la facultad de evaluar y eventualmente prohibir las fusiones empresariales que podrían devenir, por ejemplo, en casos de monopolios.

Sin embargo, aparentes intereses políticos lograron que el dictamen retorne al pleno para una nueva votación, la cual nunca se llegó a realizar.

En virtud de la ley del Congreso, Indecopi tenía la responsabilidad de pronunciarse sobre adquisiciones o fusiones de empresas cuyas ventas superen determinado monto de dinero o que el comercio de las entidades involucradas no sobrepasen un tope anual. Se espera que el decreto de urgencia del Poder Ejecutivo contenga un esquema similar.

Cuando unos pocos o una sola unidad empresarial es el productor y/o vendedor de determinado bien, tiene la capacidad de influir en los precios sin tomar en cuenta las variables del mercado, para así maximizar las ganancias aprovechando la falta de competencia. Ello perjudica tanto a proveedores como a los consumidores finales.

Según manifiestan algunos miembros del Congreso disuelto y organizaciones dedicadas a la protección del consumidor, esa situación ya se presentaría en nuestro país en determinados sectores, como el de la cerveza y el farmacéutico, entre otros.

Por ello, es pertinente que el Gobierno haya decidido legislar a fin de cautelar los intereses de los ciudadanos, evitando que surjan en el futuro estas estructuras negativas de mercado.

Teniendo en cuenta que el anterior Congreso no aprobó la ley, la emisión de un decreto de urgencia en el marco del interregno parlamentario permitirá que esta protección a los consumidores empiece a regir en breve.