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Año de la lucha contra la corrupción y la impunidad
DOMINGO 20

de octubre de 2019

EN SESIÓN DE COMISIÓN DE FISCALIZACIÓN

Shack solicita ampliar el control concurrente

Todas las obras públicas tienen un problema, afirma.

21/9/2019


El contralor general de la República, Nelson Shack, demandó ante la Comisión de Fiscalización del Congreso que se amplíe el control concurrente, pues –sostuvo– “no hay una sola obra pública que no tenga problemas”.  

“Necesitamos cambiar el sistema de control para evitar que estas cosas vuelvan a pasar”, dijo al informar sobre la construcción de los tramos I y II de la Carretera Interoceánica Sur y otras obras que involucrarían supuestas responsabilidades de funcionarios y exfuncionarios.

Shack pidió al Parlamento que vea a la brevedad dos proyectos de ley (3574 y 4267) por ser necesarios para mejorar la labor de su institución. El control concurrente permitirá acompañar las obras para su mejor ejecución, agregó.

Tramo

Respecto al Tramo II de la IIRSA, precisó que se encontró responsabilidad administrativa y penal en 26 funcionarios, y un presunto perjuicio económico por más de 118 millones de dólares. El caso está en investigación preparatoria por el delito de negociación incompatible, agregó.

Shack manifestó que no se halló nada en la auditoría sobre la parte previa de la obra, no porque no haya posibles irregularidades, sino porque el Congreso en el 2006 emitió la Ley Nº 28670.

La norma claramente dice “declárese de necesidad publica e interés nacional la implementación de las tareas previas a cargo del Poder Ejecutivo, así como la celebración y ejecución de los contratos de concesión de estas obras” y al final concluye ratificando su plena validez, refirió.

“¿Qué quiere decir esto?, que por ley le dieron la legalidad a todos estos actos de contratación; por lo tanto, es legal”, expresó el contralor.

Análisis

Informó que sí se analizó el contrato y se encontró una serie de presuntas irregularidades, pero no se pudo señalar ninguna supuesta responsabilidad.

Shack aseveró que se efectuaron las consultas legales, incluso al Ministerio de Justicia, las que señalaron que la ratificación de validez del artículo 1 de la Ley Nº 28670 se ajusta al principio de presunción de legalidad de los actos administrativos que debe entenderse que se hicieron conforme a ley.

Sobre el denominado Club de la Construcción, reveló que se investiga a 106 empresas. En el universo de contratos con el Estado por obra pública, 32 compañías firmaron 551 documentos por 35,000 millones 870,000 soles en las dos últimas décadas, y en el caso de las asociaciones públicas privadas, 42 empresas suscribieron 30 contratos por más de 68,000 millones de dólares.