Tipo de cambio:

Compra: 3.244

Venta: 3.248


Año del Buen Servicio al Ciudadano
LUNES 25

de setiembre de 2017

ENFOQUE

El agua como derecho humano

En nuestra capital cerca del 10% de la población carece de acceso adecuado al agua potable, lo que se multiplica si ampliamos la data a todo el país; pero si miramos hacia los desagües, el tema se vuelve francamente de espanto, pues mucho más de diez millones de peruanos no acceden a la red pública.

21/4/2017


Ántero Flores-Aráoz

Expresidente del Congreso

Los que no tienen ingreso directo a las redes públicas de suministro de agua potable la compran de camiones cisterna, a precios ostensiblemente mayores, aunque sin garantía alguna de calidad y con probabilidad de adquirir enfermedades digestivas e infecciones.

Otros vecinos obtienen el agua de pozos, acequias, manantiales e incluso almacenándola de lluvias. Los recursos utilizados por el Estado y los particulares para recuperar la salud de la población afectada son seguramente mayores de lo que costaría la red pública para la distribución del agua.

La situación descrita nos debería llevar a buscar soluciones y no quedarnos discutiendo si la dotación del agua potable debe estar en manos de entidades estatales, privadas, o de asociaciones público-privadas. ¡Por el amor de Dios! No importa quién suministre el agua, sino que llegue con la potabilidad necesaria, regular y oportunamente. Lo demás son los viejos cuentos de que el Estado no debe intervenir porque es mal administrador o porque mejor lo hace el sector privado. Pues no señor, ya es hora de que se entienda que el Estado puede ser buen o mal administrador, al igual que lo pueden ser los privados, lo que necesitamos es eficiencia, sí, y sin problemas de coexistencia de empresas de saneamiento estatales, municipales, privadas o mixtas.

Más allá de soluciones técnicas, que las hay, como la derivación de aguas del lago Junín para que lleguen a Sheque, con doble interés –el energético y el acuífero–, bien podríamos comenzar reconociendo el acceso al agua como derecho humano, por lo que habíamos planteado incluirlo en la relación de tales derechos contenida en la Constitución, al igual que sugerimos incluir el acceso a internet.

Las Naciones Unidas, asumiendo la gravedad de las carencias de agua y saneamiento, ha reconocido a escala internacional lo que pretendemos en el ámbito nacional. La resolución de la ONU 64/292 habla por sí sola.

Tenemos antecedentes que son precursores del reconocimiento constitucional que planteamos, como son dos pronunciamientos del Tribunal Constitucional, al igual que una de las políticas de Estado del Acuerdo Nacional, sin olvidar la Ley de Recursos Hídricos y la Ley General de Aguas, complementados por el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

A mayor abundamiento, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, al interpretar la Convención Americana sobre la materia, reconoce el acceso al agua como derecho fundamental.

El reconocimiento como derecho humano al que nos referimos, evidentemente no abrirá el caño del agua, pero será un acicate para ello.