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Año del diálogo y la reconciliación nacional
DOMINGO 21

de enero de 2018

JAVIER FERNÁNDEZ-CONCHA STUCKER. VICEMINISTRO DE GOBERNANZA TERRITORIAL

“Fortaleceremos la gestión pública para que sea eficiente y moderna”

Entrevista. El Viceministerio de Gobernanza Territorial busca reforzar la presencia del Estado en los ámbitos regional, provincial y distrital, así como mejorar la articulación entre los sectores y distintos niveles de gobierno, precisa el funcionario.

9/4/2017


Percy Buendía Q. pbuendia@editoraperu.com.pe

¿Por qué se creó el Viceministerio de Gobernanza Territorial?

–Lo que se ha hecho es ordenar el organigrama de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) al crear dos estructuras bien definidas: una secretaría general, que tiene rango de viceministerio, que ve la parte de administración; y el Viceministerio de Gobernanza Territorial, que busca fortalecer la presencia del Estado y del Gobierno en los ámbitos regional, provincial y distrital, así como mejorar la articulación entre los sectores y distintos niveles de gobierno y el sector privado.

La finalidad es que el Estado esté más cerca del poblador; y lograr un gobierno más eficiente en la gestión pública, el manejo de recursos y las necesidades de la población. Fortalecer también la gestión social vinculada a la conflictividad social que existe en el país.

–¿Cuáles serán las principales líneas de acción en su gestión?

–Fortalecer la presencia del Estado en el territorio nacional en una forma mucho más articulada y coordinada que la que existe hoy; mejorar la gestión pública en los distintos niveles de gobierno y acercar el Estado a la población.

En este sentido, las tres secretarías [de Descentralización, de Gestión Social y Diálogo, así como de Demarcación y Organización Territorial, que dependen del viceministerio] tienen claramente definidos ciertos objetivos.

–¿Las mesas de diálogo asumirán ahora sí compromisos más realistas y ejecutables?

–El diálogo siempre es bueno, pero tiene que saberse, primero, con quién uno se está sentando a conversar. Es necesario establecer ciertas reglas y protocolos para no empoderar a actores distintos a los representantes sociales.

En segundo lugar, es importante fijar agendas mucho más claras, porque a veces se comienzan con demandas sociales muy amplias que son imposibles de cumplir.

Entonces, hay que definir realmente cuál es la agenda de esas mesas para ser realistas y después pasar a los sectores que puedan cumplir con los compromisos asumidos.

Al fortalecer también la capacidad de coordinación y articulación con cada sector, deberá bajar la cantidad de mesas de diálogo. Por ejemplo, tengo el pedido de una mesa para construir una comisaría y otra que me solicita un congresista para intervenir en la invasión de un predio por traficantes de terrenos.

Esas no son las funciones de una mesa de diálogo. No podemos embalsar todo en ellas. Son un espacio de diálogo, pero no pueden ser el lugar de solución a todas las demandas sociales.

–Usted desempeñó altos puestos en empresas mineras, ¿cómo aprovechará este bagaje profesional para tratar los conflictos sociales en el Perú, que en su mayoría tienen su origen en las actividades extractivas?

–La experiencia es trabajar con las dinámicas sociales que aplicamos en parte del territorio donde laboramos. Tengo la experiencia de cómo diseñar una estrategia, cómo establecer una relación duradera y sostenible con las comunidades, con el entorno social y político.

Fortaleceremos también el tema de la interculturalidad, es decir, el reconocimiento de una cultura local como parte de una estrategia integral de desarrollo.

Hay muchos mecanismos con la visión de un modelo de construcción en una situación gana-gana, no gana-pierde, y un desarrollo compartido de beneficio mutuo; y la aplicación de modelos que tengan impactos en la población y el desarrollo económico del país.

–¿Se puede hacer un trabajo conjunto con la Defensoría del Pueblo, cuyas cifras sobre conflictos sociales difieren de las del Gobierno?

–Nos encontramos en ese proceso. Primero, estamos coordinando con cada uno de los sectores. Cada ministerio tiene hoy una estrategia y una oficina que maneja conflictos. Lo que estamos tratando es unificar criterios para establecer y definir qué cosa es un preconflicto, una tensión y un conflicto en sí.

Estas nuevas definiciones obviamente van a bajar lo que hoy en día entendemos como conflicto, que ocurre cuando hay una situación de confrontación y violación del orden jurídico. Entonces, con estos nuevos conceptos tendremos más claro qué cosa entendemos como conflicto.

Redefiniremos esos conceptos y nos pondremos de acuerdo con cada uno de los sectores. Buscaremos a la Defensoría del Pueblo para ver si podemos llegar a una misma metodología.

–Gobernadores de la Mancomunidad Regional Pacífico Centro Amazónica piden impulsar el ordenamiento territorial como la solución integral e instrumento más eficiente para la planificación del territorio de las regiones, ¿cómo se atenderá esta demanda?

–El ordenamiento territorial es un tema mucho más complejo, que requiere de un análisis detallado. Esto tiene que ver con la planificación. Los gobiernos regionales y locales cuentan con planes de desarrollo concertados que deben ir de la mano con esto que ellos plantean como ordenamiento territorial.

A veces se confunde ordenamiento territorial con planificación. Esto debe ser materia de un debate y un análisis profundo de lo que se está planteando. Hoy existe un planeamiento, un plan, esos planes simplemente hay que mejorarlos y articularlos con esta visión de una organización territorial.

En el tema del ordenamiento territorial hay conceptos que aún no se manejan muy claramente y que tienen que ser materia de análisis.

–¿Qué informes recibió su despacho sobre cómo marchan los procesos de ordenamiento y demarcación territorial del país?

–En la demarcación territorial estamos bastante atrasados. Es uno de los ejes en el que queremos avanzar y reducir brechas. Queremos identificar dónde están los cuellos de botella que no permiten que se mejore en la demarcación territorial.

Estamos trabajando en este punto y viendo si es un tema de legislación o recursos humanos. Buscamos determinar cuál es la causa por la que no se puede cerrar la demarcación territorial a escala nacional. Esto también genera conflictividad y tiene que ser materia de una evaluación.

–¿Los casos de corrupción registrados en algunas regiones del país son sinónimo de que fracasó o algo no funciona en el proceso de descentralización?

–El país transfirió competencias y recursos, pero no fortaleció la capacidad de gestión pública y la administración. Es el área donde debe trabajarse: el fortalecimiento de la gestión pública, para que sea más eficiente, más moderna y con una carrera pública mucho más definida. Es uno de los retos del Perú en todos sus niveles de gobierno.

Objetivos definidos

Los objetivos de la Secretaría de Demarcación y Organización Territorial son cerrar las brechas de todas las delimitaciones que existen en el ámbito de los departamentos, precisó Javier Fernández-Concha. “Buscará también crear una estructura interna y un ordenamiento jurídico mucho más sostenible, así como reducir la conflictividad que se genera producto de esta demarcación y organización territorial”. En el caso de la Secretaría de Gestión Social y Diálogo, precisó, es establecer claramente un inventario de todos los compromisos sociales asumidos por el Estado durante los últimos años; y realizar un seguimiento del cumplimiento de estos compromisos. “De igual manera, tener un diagnóstico más claro de las causas por las cuales se originan los conflictos sociales, no solo manejar una estrategia de atención de conflictos, sino identificar las causas para contar con una estrategia de prevención temprana”. En el caso de las mesas de diálogo, lo que se quiere es fortalecerlas y comenzar a cerrar algunas que ya no tienen sentido, afirmó. “Hoy tenemos 196 mesas abiertas”. Fernández-Concha manifestó que la Secretaría de Descentralización articulará con los sectores y órganos de gobierno para, mediante una gestión social y pública más eficiente, comenzar a cumplir con los compromisos sociales asumidos por el Estado. “Los compromisos están totalmente embalsados tanto en los gobiernos municipales distritales y provinciales como en el Ejecutivo. Y hay otras obligaciones que también están embalsados y que son parte del sector privado”. Lo que se proyecta con la Secretaría de Descentralización es fortalecer la gestión pública entre los tres niveles de gobierno y los sectores para que cada uno comience a atender esos compromisos, recalcó. “El Viceministerio, al igual que la PCM, es un gran órgano de articulación y de coordinación que le permite tener relación con todos los sectores y los niveles de gobierno”. Para el funcionario, no se debe pensar solo en cumplir con los compromisos sociales, sino establecer cómo esas intervenciones tendrán un impacto real en disminuir las brechas existentes y mejorar la economía local. “De nada sirven procesos largos de construcción de ladrillos que no tienen un impacto en el beneficio de la calidad de vida de la población”.