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Año del diálogo y la reconciliación nacional
SÁBADO 23

de junio de 2018

ENFOQUE LABORAL

¿Qué hacer ante una falta grave? - Segunda parte

Conocida la falta por parte del empleador y acreditada su inclusión en el listado de inconductas del trabajador que pueden originar el despido, se inicia un procedimiento interno a fin de acopiar las pruebas necesarias e individualizar a los responsables para fundamentar de modo más contundente posible la conclusión del contrato.

13/6/2018


Germán Serkovic G.

abogado laboralista

En la ley no existe un plazo determinado respecto a la duración de esta etapa investigatoria. 

No podría haberlo en realidad, cada falta genera unas circunstancias únicas y debe investigarse en atención a cada caso en concreto.

La desaparición de un cierto número de productos de un depósito donde solo dos trabajadores tienen el código de acceso, probablemente dé lugar a una investigación con una extensión de unos cuantos días; muy distinto sería el caso del desvío de fondos mediante complicadas operaciones financieras que ocasionan perjuicio a una entidad bancaria, en tal supuesto el proceso de dilucidación de responsabilidades por parte de la empresa afectada podría durar semanas, e incluso, meses. 

La jurisprudencia señala que en cuanto a la duración del plazo investigatorio debe seguirse la regla de la inmediatez, la que no se encuentra determinada por un plazo específico, sino que debe ser apreciada por el juez, teniendo en cuenta la razonabilidad. 

Las ideas de inmediatez y razonabilidad podrían constituir conceptos algo difusos –lo son, de hecho– en buen castellano, el período investigatorio de una falta grave debe durar “el menor tiempo posible”. 

Téngase en cuenta que una falta grave que no es comunicada al trabajador en un plazo razonable, puede dar a entender que tal falta ha sido condonada.

No debe  descartarse darle la opción al trabajador que incurrió en una inconducta grave, de finalizar el contrato por su voluntad antes de quedar inmerso en un procedimiento inconveniente, más si este tiene connotaciones penales. 

Un despido es atacable jurídicamente; la renuncia y el mutuo disenso, muy difícilmente pueden serlo.