Sábado, 23 de mayo de 2015. Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación

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Una invocación válida
Las nuevas autoridades regionales ya obtuvieron las credenciales para desarrollar su labor a partir del 1 de enero de 2015, y también recibieron un llamado del presidente de la República, Ollanta Humala, y del titular del Jurado Nacional de Elecciones, Francisco Távara, para que trabajen por el desarrollo de sus respectivas regiones y para combatir todo acto de corrupción que empañe la gestión de cinco años, tal como ha ocurrido con algunos funcionarios que se encuentran procesados, encarcelados e incluso prófugos.

Esta invocación no es gratuita. En los últimos años la opinión pública ha presenciado cómo algunos presidentes de región han sido denunciados por la presunta comisión de ilícitos penales. Incluso el Jefe del Estado mostró su preocupación por esa situación cuando en mayo viajó personalmente a Áncash para supervisar in situ los operativos realizados por el Ministerio del Interior, en una región cuyo suspendido presidente, César Álvarez, se encuentra detenido por presuntos delitos de corrupción.

Además, ha celebrado hasta dos Consejos de Estado con los máximos organismos del Gobierno para robustecer el trabajo conjunto de las entidades involucradas en el combate a la corrupción. Y esa preocupación tuvo eco.

En el Congreso de la República, por ejemplo, se conformó una comisión investigadora para ahondar en las denuncias presentadas en la región Áncash; y el pleno del Parlamento aprobó en primera votación un dictamen que prohíbe la reelección de alcaldes y presidentes regionales a fin de evitar el uso del aparato del Estado y de los fondos públicos en una campaña electoral.

Desde la Procuraduría Anticorrupción también se desplegaron acciones importantes que apuntan a aclarar las acusaciones que pesan sobre la saliente presidencia regional de Áncash. A su vez, el Ministerio Público y el Poder Judicial aceleraron las investigaciones contra César Álvarez, sobre quien pesan acusaciones de asociación ilícita para delinquir.

También la Contraloría General de la República continúa efectuando decenas de acciones de control para detectar evidencias o indicios de malos manejos de los recursos públicos, tanto a escala regional como municipal; además de haber logrado el congelamiento de las cuentas de los gobiernos regionales de Áncash y Tumbes por medio del Ministerio de Economía y Finanzas.

A este esfuerzo anticorrupción se sumaron el Jurado Nacional de Elecciones, la Oficina Nacional de Procesos Electorales y el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, al suscribir un convenio con la Contraloría General de la República a fin de desarrollar acciones preventivas y de combate a la corrupción en la administración pública.

Se trata, pues, de una petición válida y necesaria. La corrupción en algunas regiones mostró suficientes indicios para que el sistema de control del Estado activara sus mecanismos y velara por el interés de la población peruana en su conjunto. Queda bajo responsabilidad de las nuevas autoridades regionales responder a ese llamado.



Publicado: 24/12/2014
“Se trata de una petición válida [porque] la corrupción en algunas regiones mostró suficientes indicios para que el sistema de control del Estado activara sus mecanismos y velara por el interés de la población.”
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