Tan pronto se produjo la emergencia, el propio Jefe del Estado, así como autoridades ministeriales, contingentes policiales y socorristas de Defensa Civil se movilizaron para atender a los heridos y cobijar a las familias que perdieron sus viviendas por destrucción total o parcial de los inmuebles que ocupaban.
Hay que subrayar que el Gobierno ha asumido con toda celeridad esta tarea, en coordinación con el gobierno regional de Ica y las municipalidades afectadas, no obstante que tiene a su cargo un cuantioso y oneroso pasivo ocasionado por la irresponsabilidad de las autoridades del gobierno anterior, que abandonaron las obras de reconstrucción tras los daños ocasionados por el terremoto de 2007.
Tan pronto asumió su mandato el presidente Ollanta Humala Tasso, viajó a varias localidades iqueñas para comprobar el estado de las obras inconclusas y de otras que nunca se realizaron y, además, tomó nota de las denuncias por casos de malversación y presuntas irregularidades en el manejo de los fondos de ayuda destinados en aquel año.
Poco después, el Congreso de la República se constituyó en los pueblos más afectados y sesionó en pleno en la ciudad de Ica para escuchar directamente los planteamientos y denuncias de la población.
Así se estaba cumpliendo la promesa del presidente Humala de gobernar de la mano con el pueblo, mediante el diálogo y la fiscalización permanente.
Como consecuencia, se encargaron las obras de remoción de escombros a los batallones de Ingeniería del Ejército, sobre todo en las ciudades de Chincha y Pisco y, actualmente, se llevan a cabo acciones aceleradas para ejecutar programas de vivienda con todos sus servicios para los damnificados.
En esta oportunidad, luego de las evaluaciones técnicas, ordenadas en el lugar de los hechos por el presidente Humala, entidades como el Ministerio de Defensa y el Indeci han trasladado maquinaria pesada para cumplir con las urgentes tareas.
En la sesión del Consejo de Ministros del jueves pasado, el Gobierno declaró en emergencia el sistema de agua y desagüe de la ciudad de Ica y destinó un partida de dos millones de nuevos soles para financiar los trabajos de reconstrucción.
Tanto el gobierno regional de Ica como las autoridades municipales están en el deber de colaborar estrechamente con esta rápida movilización de recursos ordenada por el Ejecutivo, organizar a la población y vigilar que la ayuda llegue a su destino y beneficie a quienes verdaderamente lo necesitan. Estos momentos de prueba y adversidad son motivo para consolidar la unión y la solidaridad de todos los peruanos.